Condenan a exalcalde de Arequipa por atentado contra el ambiente

El exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión suspendida por atentar contra el ambiente. En su gestión se aprobó un documento que permitió la depredación de áreas verdes que formaban parte de la zona de reserva de la campiña arequipeña.

Junto a la exautoridad municipal, también se condenó a ocho exregidores y tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa por aprobar y avalar el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), un documento que debió servir para ordenar el crecimiento urbano de la ciudad, pero se utilizó para urbanizar terrenos agrícolas.

La fiscal especializada en Materia Ambiental, Carolina Cáceres Zúñiga, argumentó que el 2017 se aprobó el PDM sin considerar los procedimientos establecidos por ley.

Zegarra fue sentenciado como autor del delito de responsabilidad de funcionario público por Otorgamiento Ilegal de Derecho, al avalar que áreas verdes de la ciudad fueran recategorizadas y convertidas en zonas urbanas omitiendo las normas vigentes.

Entre los sentenciados figuran los integrantes del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla): Francisco Ampuero Bejarano, Gustavo Alonso Delgado Alvarado, Luis Alemán Abad.

En tanto, los exregidores sentenciados como cómplices primarios son: Lilia Pauca Vela, Pedro Santos Quispe Cornejo, Mario Melo Villalba, Manuel Jano Huallpa, Otilia Paredes Villamil, Miguel Ángel Mendoza García, Fernando Figueroa Calachahui y Daniel Muñoz Lazo.

La fiscal también consiguió que todos los sentenciados sean inhabilitados para ejercer cargo público por cuatro años.

ARGUMENTOS

El juez Juan Pablo Heredia indicó que su decisión se basó en que los imputados vulneraron normas y permitieron que se habiliten zonas agrícolas para vivienda. Uno de los casos emblemáticos ocurrió en el sector de Carmen Alto, distrito de Cayma, donde se permitió la construcción de un templo mormón en un área de reserva paisajística. Se le cambió la zonificación y le otorgaron licencia de construcción.

La preservación de la campiña –dijo el juez– es un deber de las autoridades porque es parte del cuidado del ambiente. Agregó que es obligación preservarla, no solo para el presente, sino para las generaciones futuras.