Según la procuradora de la Procuraduría Pública del Estado, Carmen Joaquín Abanto, el presunto delito que se atribuye al alcalde de Jaén, Francisco Delgado, se habría configurado cuando la autoridad edil emitió una resolución de cese de las funciones de la procuradora municipal Lupe Guadalupe Malca.
El Ministerio Público dio inicio a las investigaciones preliminares tras la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría General del Estado contra el alcalde provincial de Jaén (región Cajamarca), Francisco Delgado, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.
Según la procuradora de la Procuraduría Pública del Estado, Carmen Joaquín Abanto, el presunto delito que se atribuye al alcalde de Jaén se habría configurado cuando la autoridad municipal emitió una resolución de cese de las funciones de la procuradora municipal, Lupe Guadalupe Malca, y designó en su lugar al abogado Dagoberto Asto Chávez, cuando, de acuerdo con la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades —realizada el 6 de marzo del presente año—, estas facultades son exclusivas de la Procuraduría General del Estado.
"El alcalde estaría usurpando funciones que no le corresponden, la Ley Orgánica de Municipalidades le otorgaba al alcalde la facultad de desginar a su procurador. Sin embargo, esta ley orgánica fue modificada el 6 de marzo en su artículo 29 y ya no cumple esa facultad", sostuvo Carmen Joaquín Abanto.
Tras esto, una comitiva de cinco representantes de la Procuraduría General del Estado intervinieron en la Municipalidad Provincial de Jaén e iniciaron las acciones penales correspondientes. Con esto, se repuso en su puesto a la procuradora Lupe Guadalupe Malca y se espera que se revoque la resolución de designación de un nuevo procurador, aseguró Carmen Joaquín.
En tanto, el gerente municipal de Jaén, Wiliam Cabrejos Requejo, dijo que, si bien reconocen que no fueron los mecanismos adecuados para el cese de las funciones de la procuradora municipal, ya preparan la defensa legal del alcalde y utilizarán las vías de la Procuraduría General para lograr la destitución de la funcionaria.
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