El presidente de la Junta de Fiscales dijo que todo inició cuando el Órgano de Control Interno observó el trabajo de 30 fiscales. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la Junta de Fiscales en la región Junín, Boris Olivera Espejo, denunció e hizo públicas las amenazas y atentados de los que es víctima tras el inicio del proceso de separación de 24 fiscales, los cuales fueron observados por el Órgano de Control Interno del Ministerio Público.

Olivera también denunció que su vehículo fue destrozado cuando se encontraba estacionado en el frontis de una agencia bancaria, en el centro de Huancayo. Él descartó que se trate de la delincuencia, pues no le robaron nada.

Además, dio a conocer que recibe amenazas a través de llamadas de personas presuntamente internadas en penales de Lima.

Según refirió, todo inició cuando el Órgano de Control Interno observó el trabajo de 30 fiscales y tras una segunda revisión decidió elevar el informe a la Fiscalía de la Nación sobre el trabajo de 24 de ellos que deberían ser separados.

El presidente de la Junta de Fiscales dijo que luego de este proceso se filtraron documentos reservados en la investigación, los cuales quedaron en manos de la Fiscalía de la Nación. Indicó que la Fiscalía será quien determine la decisión final, pero según mencionó las amenazas iniciaron con la difusión de los documentos.

El abogado señaló que ya presentó la denuncia y pidió garantías ante el Ministerio Publico. Sin embargo, a la fecha, nadie atiende su pedido.

“Evidentemente como cualquier ciudadano he presentado mis denuncias ante el Ministerio Público, porque es el que tiene que investigar. Aunque me duela reconocerlo, ni siquiera han visto mis denuncias, ni siquiera han calificado en forma positiva o negativa, lo cual me preocupa”, expresó el presidente de la Junta de Fiscales en Junín.

Olivera espera que se investigue y se determinen responsabilidades. Por otro lado, sostuvo que en el Distrito Fiscal de Junín hay alrededor 950 denuncias que son investigadas por el delito contra la salud pública y violencia de medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19.

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