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por Redacción RPP
·El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura del alcalde suspendido de la provincia de Trujillo, en La Libertad, Daniel Marcelo Jacinto. Medida fue dictada la tarde del miércoles tras ser condenado a 4 años 8 meses de prisión efectiva por el caso “Baños Químicos”.
El Octavo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció a 4 años 8 meses de prisión efectiva al alcalde suspendido de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, por el delito de negociación incompatible en la sobrevaloración del alquiler de cinco baños químicos en el año 2017, cuando era alcalde del distrito de La Esperanza. También se ordenó su inmediata ubicación y captura.
El proceso se venía postergando desde marzo de este año, debido a la inasistencia de algunos de los procesados y, luego, por el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que la gestión de Marcelo Jacinto desembolsó 78 mil soles para el contrato de cinco baños químicos, cuando en el mercado local se ofertaba el mismo servicio por 2 mil soles. El fiscal coordinador Víctor Bazán Alagón señaló que hubo favorecimiento indebido de parte del exalcalde y otros exfuncionarios.
El magistrado Julio Neyra Barrantes desarrolló la audiencia de manera virtual, sin embargo, se trata solo de un adelanto de fallo. La lectura integral será 26 de octubre a las 4 de la tarde, con ello las partes tienen el derecho de apelar si así lo consideran.
Junto a Daniel Marcelo, fue condenada Liz Mirella Miranda Medina (exjefa de Logística) y José Martínez Ulloa (exgerente municipal), Lourdes Quezada (exencargada de Adquisiciones), Eliseo Flores Ramos (el proveedor).
Fueron absueltos Fernando Calderón Burgos (exasesor jurídico), Anthony Tufinio (extrabajador de Servicios Generales) y Fernando Luján Arana (exencargado de Defensa Civil).
La autoridad fue suspendida del cargo de alcalde de Trujillo por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 29 de julio tras una condena de cuatro años de prisión suspendida por irregularidades en la compra de accesorios para bloqueadores de celulares que se iban a instalar en el penal El Milagro en el 2012.
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