Fiscal pide 8 años de cárcel para exadministradores judicial de Agropucalá

Los exadministradores judiciales de la empresa Agropucalá, Pablo Gutiérrez Carmona, Roberto Campos Valle y Ricardo Pereira Silva serán investigados el delito de ocultamiento de transacciones sospechosas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Ana Zegarra Azula.

Según la disposición Fiscal N° 1 de la carpeta N° 223-2016 se decidió iniciar diligencias preliminares por el delito de ocultamiento de transacciones sospechosas, contra los ex administradores judiciales de la empresa Agropucalá, Pablo Gutiérrez Carmona, Roberto Campos Valle y Ricardo Pereira Silva.

Esta disposición fue expedida en mérito a la decisión Superior N° 01-2016 de la carpeta Fiscal N° 3172-2015 que se sigue contra Carlos Roncal Miñano y diversos ex funcionarios de la empresa Agropucalá por el delito de lavado de activos.

Según el documento fiscal, se imputa a los exadministradores de la azucarera haber movilizado alrededor de 16 millones de soles en dinero en efectivo durante los meses de diciembre del 2013 y enero del 2014, provenientes de la empresa Constructora e Inmobiliaria Machine Twin SAC, vinculada en dicho expediente a Roncal Miñano, sin que hayan cumplido con informar la existencia de dichas operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Para la Fiscalía existen indicios reveladores de que esa cuantiosa suma de dinero sería de procedencia ilícita, pues es sumamente sospechoso que una cantidad tan grande de dinero se haya desplazado en efectivo y no a través de medios de pago bancarios en tan solo dos meses, lo cual ha llamado la atención de las autoridades que actualmente tramitan un primer proceso penal contra Roncal Miñano por el delito de lavado de activos y por una presunta defraudación tributaria de alrededor de un millón de soles, pues el monto que presuntamente se habría evadido utilizando a Agropucalá y otras empresas nacionales y off shore sería muy superior.

Los ex administradores judiciales investigados deberán asistir a declarar a la Fiscalía el 20 de julio próximo, donde tendrán que explicar las razones por las que omitieron informar a la UIF el enorme movimiento de dinero cuya procedencia lícita no está justificada.