Moisés Salazar indica que acusación de fiscal no tiene asidero alguno

El expresidente de la Beneficencia Pública de Chiclayo, CPC Moisés Salazar Fernández en los estudios de RPP Chiclayo, indicó que la acusación que le está realizando el fiscal Carlos Osores Padilla de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, no tiene asidero alguno.

Fernández remarca que en el año 2009 en que se dieron las chocolatadas en diversas partes de la región Lambayeque, la Beneficencia Pública de Chiclayo estaba bajo control del Ministerio de la Mujer, que siempre programaba acciones de proyección social hacia lugares de extrema pobreza.

“En el 2009 el directorio de la Beneficencia Pública acuerda ampliar la entrega de chocolatadas a otros lugares de la región, teniendo en cuenta que se estaba recibiendo un dinero por el alquiler del terreno que tiene la Beneficencia el la urbanización Patazca y donde funciona un supermercado de materiales de construcción.

“El otorgamiento de las chocolatadas fue realizada con la autorización tácita de los controles de la Contraloría de la República y no hubo observación alguna e incluso hay un peritaje que señala que no se causó perjudico económico alguno a la Beneficencia” indicó Salazar.

Remarcó que esa denuncia indebidamente hecha es la que ha causado la petición del fiscal, que fue archivada hace dos años, pero ahora ha sido reabierta y está en etapa de calificación, por lo que espera ser citado para brindar sus declaraciones con las que demostrará que no se cometió delito alguno.

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa, que despacha el fiscal Carlos Osores Padilla, denunció además de Moisés Abner Salazar Fernández a Víctor Raúl Vera Toro, Angélica Chávez Hurtado, Walberto Flores Aquino y Blanca Rufasto Garrido, directivos y ex funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo por el presunto delito de colusión, a quienes les solicita tres años de pena privativa de libertad.

En su calidad de expresidente del directorio de esta entidad, a Moisés Salazar y Blanca Rufasto también se les acusa por el delito de peculado doloso agravado, en agravio de la entidad pública, y pide se les imponga 4 años de cárcel.