El 70% de los ciudadanos en el Puerto de Paita se dedican a la pesca de esta especie cuya producción estaría afectada por la informalidad de marinos despedidos por empresas pesqueras.
Integrantes del Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita (región Piura), reportaron al Rotafono que la producción de Merluza estaría siendo afectada por el incremento de la pesca ilegal; actividad que no respeta el periodo de apareamiento y crecimiento del pez.
La informalidad se habría incrementado porque de los 350 pescadores que cuentan con libreta y carnet de pesca, 200 han tenido que infringir las normas debido a que las ocho empresas pesqueras para las que trabajaban redujeron el número de embarcaciones para extraer este recurso natural.
Como se aprecia en las fotografías, las embarcaciones se encuentran en desuso desde hace 10 años; según indicaron los pesadores, esto hace que los 150 pescadores que aún se encuentran contratados por estas empresas deban trabajar el doble para conseguir más de 50 mil toneladas de Merluza, cantidad aprobada por el Ministerio de la Producción.
Debido a esta problemática, integrantes de la directiva del Sindicato llegaron a la ciudad de Lima para informar a las autoridades competentes sobre esta situación y evitar que se otorgue el nuevo régimen provisional de pesca del periodo 2017- 2018.
“El Ministerio de la Producción no puede asignar un nuevo límite máximo de captura de Merluza por que las empresas pesqueras no utilizan todas las embarcaciones, por lo tanto no le correspondería dicho porcentaje de pescado que les otorgan. Nosotros también solicitamos al Ministerio de Trabajo que fiscalice a estas compañías con la finalidad que nuestros 200 compañeros retornen a la pesca legal”, señaló el Secretario General del Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita, Arístides Chulle Purizaca,
La pesca informal extrae aproximadamente 32 mil toneladas de este recurso. Los pescadores piden a las empresas sean conscientes sobre esta estadística; así mismo, ellos confían en que los Ministerios tomaran en cuenta sus reclamos, evitando que se repita un conflicto social como el que ocurrió en el año 2012.
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