Los jueces Mario Reyes Puma, Manuel Arrieta Ramírez y Laurence Chunga Hidalgo revocaron la prisión para 15 de los 16 implicados.
Los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones revocaron la orden de prisión preventiva para 16 personas que fueron detenidas por pertenecer a una supuesta mafia de entrega irregular de brevetes en la Dirección Regional de Transportes de Piura.
Entre ellos hay funcionarios, trabajadores y civiles que se habrían convertido en operarios de esta red, según la tesis fiscal.
A los investigados les habían ordenado 18 meses de prisión preventiva para ser investigados por los delitos de cohecho y tenencia ilegal de armas; pero ahora, por apelación la decisión judicial ha determinado que solo uno de ellos quede con prisión preventiva por nueve meses.
La decisión judicial también contempló que para la ejecución de esta orden los investigados Mitchel Julca y Gladys Echevarría deberán pagar una caución de 5 mil soles en un plazo de 72 horas.
Mientras que otros investigados como Gilberto Távara Lizana; Juan Carlos Balladares Jonde; Leovigildo Odar Carrión y Manuel Lizana Paico deberán abonar, en el mismo plazo, un total de 3 mil soles de caución.
Asimismo, pagarán dos mil soles de caución para afrontar en libertad el proceso los investigados Juventino Ricardo Huamán Tomapasca; Marco Antonio Asiam Seminario; Pedro Fidel Távara Mendoza, Lupo Teodolfo Mezones Garcés; Elver Viera Castro, Jesús Eca Paiva; Alonso Gonzales Eche; Luis Alberto Burgos Caramantín; Santiago More Ríos y Eduardo Gallo Rivas.
El investigado a quien sí se le ha ratificado prisión preventiva; pero por un plazo de nueve meses es Francisco Jara Berrú, a quien se le encontró arma de fuego en su domicilio al momento del allanamiento que permitió su detención.
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