Dieciocho personas están procesadas por los delitos de extorsión agravada, disturbios y contra la tranquilidad pública.
El abogado de los procesados, Martín Ticona mencionó que hay varios sectores que se están aunando para dar un respaldo significativo, pues asegura que los jueces que conforman el colegiado y el Ministerio Público han incurrido en varias omisiones.
Ticona afirma que por ejemplo, con la visualización de los videos se observa que varias de las personas que participaron en el saqueo no serían dirigentes ni tenientes gobernadores acusados de disturbios, por lo que se caen las versiones de la Fiscalía.
Señala que es importante tener en cuenta que esta protesta realizada en mayo del 2011 se desarrolló en un contexto especial, en vista que el proyecto Santa Ana de la minera Bear Creek, afectaba los distritos fronterizos, siendo el tema de los pueblos originarios un tema esencial.
Asimismo, considera que la acusación por extorsión agravada debió ser excluida de la etapa de juicio oral iniciada el 13 de marzo, ya que no tendría ningún asidero ni se cumple los requisitos para que configure este delito, como que a través de la violencia se logre un fin patrimonial. En cuanto a las denuncias por disturbios y entorpecimiento de la tranquilidad pública, en su opinión éstas se desarrollan de forma subjetiva lo que se determinará en base a las pruebas.
Un aspecto que ha llamado la atención, según Ticona, es que el director de debates, Roger Istaña, les haya manifestado que tiene expresa recomendación para concluir el juicio en la brevedad posible.
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