Puno: emplazan a Alan García a deslindar acusaciones por caso “Aymarazo”

El exdirigente aymara, Walter Aduviri Calisaya, emplazó al expresidente de la República, Alana García Pérez, a deslindar las acusaciones contra los promotores del levamiento social “El Aymarazo” ocurrido en el 2011, por el que se les denunció por el delito de extorsión agravada.

En diálogo con la Rotativa Regional de RPP Noticias, dijo que en la acusación fiscal él y otras 18 personas están denunciadas por el delito de extorsión en agravio del exjefe de Estado, y como pruebas fehacientes de ello estarían los decretos supremos emitidos en el 2011.

Asimismo, en la teoría fiscal, Aduviri y los demás ejecutores del esta convulsionada protesta social, fueron artífices de un plan criminal que dejó como resultado la destrucción de la propiedad pública y privada como los locales de la SUNAT y Aduanas en Puno y Desaguadero.

“Él tiene que venir a dar su manifestación y decir si se les ha extorsionado o no”, dijo el exdirigente, porque si no se esclarece esta grave denuncia a través de la declaración del presunto agraviado los imputados podrían ser sentenciados a 25 años de cárcel.

La incursión de infiltrados que no se ha tomado en cuenta, es otro aspecto que su consideración devela que la investigación no es trasparente, responsable y sostenida; ya que en su momento se advirtió de la presencia de personajes ajenos a la protesta interesados en sembrar terror.

Aduviri está convencido que el Poder judicial, no puede establecer culpa alguna sobre los organizadores de esta medida de lucha, por ello, después de cinco años sigue dilatándose el proceso en el cual se ha cambiado a tres jueces y dos fiscales.

Hoy una vez más se suspendió la audiencia de control de acusación para el 12 y 13 de junio por disposición del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Yul Rivero Salazar, quien justificó esta postergación por falta de tiempo en una sola fecha.

El Aymarazo fue uno de los eventos más funestos para la región, que aparte de alcanzar su objetivo de cancelar el proyecto minero Santa Ana, dejó como resultado destrucción de entidades estatales y el perjuicio de actividades productivas que aún no logran recuperase.