Martha Chávez, ex titular del Congreso, dijo en RPP que un fallo del TC dado (2003) ´preparó el camino´ para que el Congreso durante la gestión de Alejandro Toledo diera beneficios a terroristas.
La ex presidenta del Congreso, Martha Chávez, sostuvo que fue una sentencia dada por el Tribunal Constitucional (TC) el 3 de octubre del 2003 la que "preparó el camino" para que el Parlamento durante la gestión de Alejandro Toledo dieran una legislación que concedía beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo.
"Ha sido una preparación muy inteligentemente pensada para desmontar las normas que permitieron el éxito de la lucha contra el terrorismo", afirmó en los estudios de RPP.
La militante fujimorista, indicó que en aquel entonces el actual ministro de Justicia, Víctor García Toma, integraba el grupo presidido por Javier Alva Orlandini
Sostuvo que es falsa la versión sobre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese puesto un límite de 30 días para adecuar la legislación antiterrorista dictada cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú, en riesgo a ser declarados nulos todos los procesos a subversivos.
Explicó que la CIDH dice lo siguiente: "La negación de beneficios penitenciarios por si misma no es violatorios a los derechos humanos". Prosigue que: "Corresponde al legislador la posibilidad de regular determinados beneficios penitenciarios".
En tal sentido, Chávez afirmó que "les abre la puerta pero nadie los obligó. Todo estaba preparado".
La ex congresista cuestionó que toda la legislación antiterrorista haya sido cuestionada y finalmente cambiada, bajo la premisa de que todo lo hecho durante el fujimorismo estuvo mal. Sin embargo, las leyes en materia económica no fueron cuestionadas.
"Han seleccionado y en este tema del antiterrorismo veo una articulación que preocupa. Significa negarle a los peruanos el derecho a protegerse", sentenció.
Agregó que una evidencia del "adoctrinamiento" al que están siendo sometidos jueces y fiscales para perseguir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es el fallo de la titular del Primer Juzgado Supraprovincial, Jessica León Yarango, que otorgó libertad condicional a favor de Lori Berenson, condenada por terrorismo.
"Esta jueza ha dado un beneficio penitenciarios solo confiando en unos informes presuponiendo que Berenson está rehabilitada, cuando se sabe que se niega que el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) haya sido un movimiento terrorista", expresó.
"Hay que impedir que jueces puedan conceder beneficios penitenciarios. Por lo menos que cumplan sus penas y hacer seguimiento a las personas liberadas, inclusive por cumplimiento total de la condena. Debe haber inteligencia y vigilancia estricta de lo que hacen estas personas", puntualizó.
"Ha sido una preparación muy inteligentemente pensada para desmontar las normas que permitieron el éxito de la lucha contra el terrorismo", afirmó en los estudios de RPP.
La militante fujimorista, indicó que en aquel entonces el actual ministro de Justicia, Víctor García Toma, integraba el grupo presidido por Javier Alva Orlandini
Sostuvo que es falsa la versión sobre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese puesto un límite de 30 días para adecuar la legislación antiterrorista dictada cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú, en riesgo a ser declarados nulos todos los procesos a subversivos.
Explicó que la CIDH dice lo siguiente: "La negación de beneficios penitenciarios por si misma no es violatorios a los derechos humanos". Prosigue que: "Corresponde al legislador la posibilidad de regular determinados beneficios penitenciarios".
En tal sentido, Chávez afirmó que "les abre la puerta pero nadie los obligó. Todo estaba preparado".
La ex congresista cuestionó que toda la legislación antiterrorista haya sido cuestionada y finalmente cambiada, bajo la premisa de que todo lo hecho durante el fujimorismo estuvo mal. Sin embargo, las leyes en materia económica no fueron cuestionadas.
"Han seleccionado y en este tema del antiterrorismo veo una articulación que preocupa. Significa negarle a los peruanos el derecho a protegerse", sentenció.
Agregó que una evidencia del "adoctrinamiento" al que están siendo sometidos jueces y fiscales para perseguir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es el fallo de la titular del Primer Juzgado Supraprovincial, Jessica León Yarango, que otorgó libertad condicional a favor de Lori Berenson, condenada por terrorismo.
"Esta jueza ha dado un beneficio penitenciarios solo confiando en unos informes presuponiendo que Berenson está rehabilitada, cuando se sabe que se niega que el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) haya sido un movimiento terrorista", expresó.
"Hay que impedir que jueces puedan conceder beneficios penitenciarios. Por lo menos que cumplan sus penas y hacer seguimiento a las personas liberadas, inclusive por cumplimiento total de la condena. Debe haber inteligencia y vigilancia estricta de lo que hacen estas personas", puntualizó.
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