Afirman que ley no establece que próximo gobierno pague deuda agraria

Congresista Morales advirtió que el 25% de los bonos fueron comprados por fondistas extranjeros a precios ´irrisorios´ para ser cobrados al Estado peruano en tribunales internacionales.

La congresista Fabiola Morales advirtió que el 25% de los bonos de la deuda agraria fueron comprados por fondistas extranjeros a sus propietarios a precios “irrisorios” con la intención de ser cobrados al Estado peruano en tribunales internacionales.

En diálogo con RPP Noticias, manifestó que si el Estado no hace algo por revertir esta situación, estos inversionistas continuarán adquiriendo los pagares, convirtiéndose en una especie de “deuda externa”.

De esta manera, la parlamentaria defendió el proyecto aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, que crea el procedimiento de canje de bonos de la deuda para posibilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes del Estado producto de la reforma agraria, durante el régimen militar de Velasco Alvarado.

Según explicó, la autógrafa de ley no precisa que el próximo gobierno deberá pagar la deuda, sino que se inicie un proceso administrativo que estará a cargo del MEF para acreditar, calificar y actualizar los bonos de la Reforma Agraria, de tal manera que se conozca cuánto se debe.

“No cometeremos la locura de decir que se pague en el próximo  gobierno o de acá en 30 años, sino que esos bonos tengan un valor de aquí a 30 años para que se conviertan en bonos de inversión pública”, refirió.

Indicó que el 75% de los bonos aún están en propiedad de sus dueños, quienes quieren invertir en el país.

Este proyecto fue aprobado en el Parlamento a pocos días de culminar la administración, hecho que fue cuestionado por varios sectores, que consideran que ocasionarían un problema al próximo gobierno de Ollanta Humala.

Así, Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de los Distritos de Riego del Perú, Carlos Peña, calificó como un “error” y una “ligereza” del Congreso esta nueva norma, ya que no beneficia a los agricultores.

La autógrafa de ley deberá ser revisada por el Ejecutivo, que puede promulgarla u observarla.