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por Redacción RPP
·La Procuraduría del Minjus ratificó que existe la petición para disolver el organismo amazónico debido a que atenta contra el orden público y las buenas costumbres.
La Asociación Inerétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció los intentos desde el Ministerio de Justicia de disolverla y convocó a una reunión urgente de sus "apus" (dirigentes) para tratar el caso.
La Aidesep participa en cuatro mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil para establecer un nuevo marco de consultas con los pueblos indígenas y para esclarecer los incidentes del pasado 5 de junio en Bagua, que se saldaron con la muerte de 33 personas (23 de ellos policías) y la desaparición de un agente.
Según fuentes de la asociación, 89 de sus miembros (entre ellos una veintena de dirigentes) tienen en estos momentos procesos judiciales abiertos relacionados con los sucesos de Bagua, y alguno de ellos, como el todavía presidente Alberto Pizango, está exiliado en Nicaragua mientras no se retiren los cargos en su contra.
La petición fue trasladada a la Fiscalía de la nación, que el 12 de octubre la admitió a trámite, sin que eso signifique que vaya a asumir sus argumentos, sino que va a escucharlos, lo mismo que hará con la defensa de la Aidesep.
Si la Fiscalía aceptara los argumentos contenidos en esa petición, trasladará su petición al Poder Judicial, que a su vez estimará o no oportuno esa disolución, o también podría optar por una solución salomónica, como es el cambio de la junta directiva de la asociación.
En cualquier caso, aclararon las fuentes, ese proceso podría demorar "hasta 80 días hábiles", es decir, varios meses más.
Distintos organismos pro derechos humanos e incluso el relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, han denunciado la "criminalización" a la que se está sometiendo a la Aidesep, cuando incluso el Gobierno la reconoce como interlocutora necesaria en el diálogo con los indígenas.
EFE
La Aidesep participa en cuatro mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil para establecer un nuevo marco de consultas con los pueblos indígenas y para esclarecer los incidentes del pasado 5 de junio en Bagua, que se saldaron con la muerte de 33 personas (23 de ellos policías) y la desaparición de un agente.
Según fuentes de la asociación, 89 de sus miembros (entre ellos una veintena de dirigentes) tienen en estos momentos procesos judiciales abiertos relacionados con los sucesos de Bagua, y alguno de ellos, como el todavía presidente Alberto Pizango, está exiliado en Nicaragua mientras no se retiren los cargos en su contra.
La petición fue trasladada a la Fiscalía de la nación, que el 12 de octubre la admitió a trámite, sin que eso signifique que vaya a asumir sus argumentos, sino que va a escucharlos, lo mismo que hará con la defensa de la Aidesep.
Si la Fiscalía aceptara los argumentos contenidos en esa petición, trasladará su petición al Poder Judicial, que a su vez estimará o no oportuno esa disolución, o también podría optar por una solución salomónica, como es el cambio de la junta directiva de la asociación.
En cualquier caso, aclararon las fuentes, ese proceso podría demorar "hasta 80 días hábiles", es decir, varios meses más.
Distintos organismos pro derechos humanos e incluso el relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, han denunciado la "criminalización" a la que se está sometiendo a la Aidesep, cuando incluso el Gobierno la reconoce como interlocutora necesaria en el diálogo con los indígenas.
EFE
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