El Instituto de Defensa Legal advirtió que la cantidad de personas que se acogieron a la prescripción puede aumentar si no se aplica la imprescriptibilidad de estos ilícitos penales.
Un total de 150 procesados por corrupción se acogieron al beneficio de la prescripción en la última década, cifra que podría incrementarse si no se aplica la imprescriptibilidad de estos ilícitos penales, afirmó Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal.
“El monitoreo realizado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción revela que 150 procesados optaron por acogerse a la prescripción de delitos, y eso no es positivo para el país porque se genera la sensación de impunidad que afecta al sistema democrático”, declaró.
El Grupo de Trabajo contra la Corrupción - GTCC es integrado por Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, el Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita y Desco.
Rivera explicó que desde que el 2001 se instaló el sistema anticorrupción en el gobierno del extinto presidente Valentín Paniagua, se ha hecho un seguimiento de cada uno de los procesos iniciados a ex altos funcionarios, ex oficiales de las Fuerzas Armadas y ex ministros.
Afirmó que la cantidad de personas que se acogieron a la prescripción puede aumentar si no se afinan los mecanismos de lucha contra la corrupción y se evita que esos delitos prescriban y queden en la impunidad.
“Para empezar, debe articularse los esfuerzos entre todas las instituciones. Suena reiterativo, pero en la práctica es necesario hacerlo para que los esfuerzos de uno, no resulten vanos por la desidia o lentitud de otro”, indicó.
Mencionó, por ejemplo, la importancia de modificar el artículo 41 de la Constitución para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado y establecer la inhabilitación de los sentenciados por esos delitos.
Además, refirió que el Código Penal también requiere cambios para establecer cuáles son los delitos de corrupción susceptibles de imprescriptibilidad, por ejemplo, para evitar interpretaciones que impidan una correcta administración de justicia.
Andina
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