Defensa de Susana Villarán no apelará orden de comparecencia restringida

El abogado de la exalcaldesa, Iván Paredes, afirmó a RPP que "no tiene sentido" impugnar la orden de comparecencia dictada este viernes por el Poder Judicial en contra de Villarán. Sobre ella pesa también una orden de impedimento de salida del país.

Poder Judicial dictó este viernes orden de comparecencia restringida para Susana Villarán. | Fuente: Andina

El abogado de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afirmó a RPP Noticias que no apelarán la orden de comparecencia con restricciones dictada este viernes por el Poder Judicial en contra de su defendida.

La comparecencia implica una serie de restricciones que Villarán deberá cumplir por el plazo que dure el proceso hasta la emisión de una sentencia: presentarse al despacho fiscal o judicial cada vez que sea citada durante el proceso, presentarse ante el Ministerio Público cada 30 días para el control correspondiente y la obligación de no ausentarse de Lima ni variar su domicilio sin previa autorización judicial. 

“No impugnamos primero porque Susana Villarán ya tiene orden de impedimento de salida del país. Además de eso, siempre ha concurrido a todas las diligencias. ¿Por qué apelar algo que siempre ha hecho? Segundo, Susana Villarán siempre debe firmar cada 30 días. ¿Por qué oponerse a eso cuando ella está en Lima? Pudiéramos habernos opuesto si Villarán se va de viaje, se va a provincias. No tiene sentido apelar algo que ella siempre ha cumplido y lo seguirá haciendo”, aseguró Iván Paredes a RPP.

La medida restrictiva dictada contra la exalcaldesa también alcanza a su exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, así como a los implicados Daniela Maguiña, María Méndez y Domingo Arzubialde.

Se desestimó la solicitud de la Fiscalía de que se imponga a Villarán una caución económica de 100,000 soles. Esto será apelado por el Ministerio Público.

Impedimento de salida del país

El pedido de comparecencia se dio en el marco de la investigación de presuntos aportes de empresas brasileñas para su campaña del 'No a la revocatoria' (2013). Por este mismo caso, el 26 de julio pasado el Poder Judicial dispuso que se prolongue la orden de impedimento de salida del país en su contra por un periodo de ocho meses.

La medida también incluyó al exfuncionario municipal José Castro. Ambos son acusados de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la compaña contra la revocatoria en 2013.

El pasado 19 de julio, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros funcionarios, así como a un ejecutivo de la empresa OAS por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.

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