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Caso BTR: Condenan a ocho implicados tras tres años de proceso

Foto: Poder Judicial
Foto: Poder Judicial

Colegiado ´A´ de Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel sentenció a Elías Ponce Feijóo y Carlos Tomasio a 7 años de prisión efectiva. También se dispone investigar a Alan García y a otros funcionarios.

El caso de interceptación telefónica por parte de la empresa Business Track, más conocido como caso BTR, se inició tras la difusión de los "Petroaudios", los cuales dejaban entrever de negociados en las licitaciones de lotes petroleros y que involucraba a funcionarios de la gestión anterior.

La "banda de chuponeadores" quedó al descubierto y, después de tres años, este proceso llegó a su fin con la sentencia de sus principales implicados.

El colegiado ‘A’ de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó al exalmirante Elías Ponce Feijóo y al capitán en retiro Carlos Tomasio a 7 años de prisión efectiva, sentencias que se cumplirán en el 2016 al haber estado privado de su libertad durante el proceso.

Giselle Giannotti Grados y los marinos Martín Fernández Virhúez y Jesús Manuel Ojeda Ángeles fueron condenados a 5 años de prisión, quienes cumplirán sus penas entre el 2015 y 2016, informó RPP Noticias.

A Jesús Tirado Olguín le impusieron 3 años de pena suspendida por reglas conducta, mientras que a los técnicos en telecomunicaciones Alberto Salas Cortez y Pablo Martell se les dictó 2 años de prisión suspendida.

Todos ellos fueron hallados culpables indistintamente de los delitos de asociación ilícita para delinquir e interceptación ilegal de las comunicaciones.

Asimismo, deberán pagar una reparación civil de 200.000 soles a favor del Estado y 20.000 soles para cada agraviado, entre quienes se encuentran el exministro aprista Rómulo León Alegría, el exdirectivo de Perupetro Alberto Químper (ambos implicados en los "Petroaudios"), Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Paredes Chirinos y María Revilla.

DISPONEN INVESTIGAR A ALAN GARCÍA.
La Sala Penal también dispuso remitir copias de lo actuado en el proceso a la Fiscalía y al Congreso de la República para que en uso de sus atribuciones realicen las investigaciones pertinentes contra Alan García Pérez, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, entre otros funcionarios del régimen aprista.

Se investigará al exministro del Interior Miguel Hidalgo, quien durante la incautación de los equipos de chuponeo a la empresa BTR se desempeñaba como director de la Policía. También al exjefe de la Dirandro, el hoy general Carlos Morán; al exfiscal superior Mateo Castañeda (hoy abogado del exalcalde Luis Castañeda) y al fiscal Walter Milla (actualmente responsables del caso de chuponeo contra Lourdes Flores).

"CONTRADICTORIO".

"Pretender involucrar en una investigación desde el presidente de la República hasta el último oficial que participó en la investigación, pasando por los fiscales, francamente me parece contradictorio con la propia parte considerativa del fallo", así se pronunció en RPP Noticias el exministro aprista Jorge del Castillo, para luego agregar "pueden investigar lo que quieran".

Durante el proceso los acusados del caso BTR aseguraron haber sido víctimas de presiones políticas durante el régimen aprista para inculpar a terceros. "Si dice (la sentencia) que no es cierta la coartada de la persecución política, cómo llega a la conclusión de que hay que investigar desde el presidente de la República, el primer ministro, otro ministro, al director de la PNP y un fiscal", sostuvo Del Castillo.

Durante la lectura de este fallo, el colegiado A resaltó la negativa de los ocho acusados en el caso a reconocer su culpabilidad respecto a los cargos que se le atribuyen ante la gran cantidad de evidencia que se han venido recopilando.

Asimismo, el tribunal determinó remitir copia certificada de las piezas instrumentales solicitadas a la Segunda Fiscalía especializada en crimen organizado, en relación a Francis Allison, exministro del gobierno aprista y actual alcalde de Magdalena.  

Como se recuerda, luego que se conocieran presuntos vínculos con la empresa responsable del chuponeo, Allison renunció a su cargo de ministro de Vivienda el 27 de setiembre de 2009.

La sentencia determinó que Ponce Feijóo dirigió la organización ilícita dedicada a las interceptaciones de las comunicaciones, Giselle Giannotti negociaba la información obtenida y Carlos Tomasio adquiría los equipos de chuponeo.

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