Columna | Nuevos episodios en el caso Chávarry profundizan la sensación de precariedad institucional

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Lo grave de la crisis generada en torno al Fiscal Pedro Chávarry no es solo que obstaculice la lucha contra lo corrupción. Tan pernicioso como eso es debilitar la confianza en las instituciones y distraer las energías del país que sufre de la falta de objetivos, consensos y reformas. Las nuevas autoridades municipales y regionales han entrado en funciones, pero la esperanza que ellos encarnan resulta opacada por el caso Chávarry. Incluso durante el fin de semana se han producido nuevos episodios que profundizan la sensación de precariedad institucional.

Los episodios 

El primero es el doble allanamiento de las oficinas de un asesor de la Fiscalía. Chávarry afirma que se ha cometido un acto ilegal. Sus subalternos sostienen incluso que la Policía especializada se equivocó de oficinas y llevó a cabo el allanamiento en el despacho de funcionarios que no correspondían al mandato judicial.

El otro episodio se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Lima, una institución que en algunos momentos de su larga historia supo intervenir a favor de la democracia y el imperio de la ley. En este caso la Consejo de Ética se pronunció contra Pedro Chávarry y le revocó su calidad de abogado. Según los estatutos, al perder su habilitación profesional, Chávarry cesa de ser, ipso jure, Fiscal. Pero no. Inmediatamente después de esa decisión apareció el presidente del Tribunal de Honor del mismo Colegio de Abogados, Fernando Vidal y desconoció el procedimiento llevado a cabo por la Consejo de Ética.

Uno termina por creer que hay instituciones que es mejor que no se pronuncien. Sobre todo porque estamos ante una situación que tiene tres pendientes cruciales: la reforma del Ministerio Público, el acuerdo de colaboración con Odebrecht y la concretización de las confesiones de ejecutivos brasileños.

Definitivamente era el peor momento posible para tener una fiscalía que según el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez se halla en una situación peor que durante la época de Montesinos.

La salida de Pessah

En estas circunstancias dos noticias nos deben alertar sobre aspectos prioritarios de la gestión pública: la continuidad de la cúpula gubernamental y la ejecución presupuestal. Sin ministros eficientes se debilita la acción pública y se bloquea la inversión. Por eso la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah es una mala noticia. Su brusca salida nos priva de su experiencia, de su compromiso con la salud alimentaria, así como de su gestión de una huelga que hubiera podido traer graves perjuicios a una demanda fundamental de la población: la mejora de la atención médica. Con la salida de Silvia Pessah ya son siete los ministros que han abandonado el gabinete desde abril del año pasado.

El caos del transporte público

Otra demanda fundamental es la mejora del transporte público. Su calamitosa situación actual es fuente de accidentes, de tiempo perdido y de contaminación. Algunas autoridades que se han estrenado esta semana llegan con motivación y planes. Destaquemos la propuesta hecha por el alcalde de Lima de instalar un teleférico que comunique a los pobladores de las laderas de San Juan de Lurigancho con la red vial de Lima. Lo que en nuestra capital es solo un plan, acaba de concretarse en Bogotá. Dos años y medio tomó al equipo del alcalde bogotano entregar a su ciudad un teleférico que reducirá el tiempo promedio de trayecto de una hora y media a 15 minutos. Si hubiera menos corrupción y mejor ejecución presupuestal los peruanos tendríamos mucho más tiempo para trabajar, para desarrollar nuestro potencial y para gozar de nuestras familias.

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