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Confirman fallo que dispuso allanamiento de empresas de legislador Gagó

Congreso de la Rep
Congreso de la Rep

El colegiado supremo declaró infundado el recurso de apelación presentado por los representantes legales de las empresas de Gagó contra la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la resolución que dispuso el allanamiento con descerraje, registro de inmuebles, secuestro e incautación de bienes en los locales donde funcionan las empresas del legislador fujimorista Julio Gagó.

La resolución se deriva de la investigación iniciada contra el citado legislador por presuntamente vender al Estado a pesar de estar prohibido por ley debido a su condición de congresista.

Según el Poder Judicial, los locales objeto de la medida son aquellos donde funcionan las empresas Maquinarias Jaam S.A., Representaciones Jaam S.A., Copy Depot S.A., y Digital Copier Soluticon E.I.R.L.

Dichas medidas fueron dictadas el pasado 20 de marzo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ante el requerimiento de la Fiscalía de la Nación.
 
Con esta resolución, el colegiado supremo declaró infundado el recurso de apelación presentado por los representantes legales de las citadas empresas contra la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.       
 
La Sala Penal Especial, asimismo, ratificó la resolución que declaró fundado el requerimiento de incautación instrumental de documentos contables y administrativos.
 
INCAUTACIÓN
 
Además, confirmó otra resolución por la cual se declaró fundado el requerimiento de incautación de los equipos informáticos en los cuales son almacenados los documentos contables y administrativos en los inmuebles mencionados.
 
Gagó es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y patrocinio ilegal en agravio del Estado.

Por este tema, la Comisión de Ética recomendó al pleno del Congreso suspender a Gagó por haber violado el Código de Ética Parlamentaria.

ANDINA

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