Abogado Anderson Tuesta dijo a RPP Noticias que el legislador ha logrado eludir desde el año 2010 la lectura de sentencia, valiéndose de ´argucias legales´ y refugiándose en su inmunidad parlamentaria.
El congresista Rennán Espinoza se ha valido de "argucias legales" para dilatar el proceso que se le sigue desde el año 2007, a fin de que prescriba el delito contra el patrimonio y usurpación agravada que se le imputa, afirmó Anderson Tuesta, abogado del ingeniero Víctor Hugo Carvajal, el presunto afectado.
En diálogo con RPP Noticias, el letrado sostuvo que desde el 12 de enero del 2010, el legislador viene siendo citado para la lectura de sentencia por este caso, pero ha logrado hasta ahora eludir este acto procesal.
Afirmó que Espinoza ha sido debidamente notificado en diversas oportunidades, pero cuando la jueza Rosario Dávila, titular del Segundo Juzgado Penal Transitorio del distrito de Puente Piedra, iba a declararlo reo contumaz, planteó un pedido de recusación para frenar la acción de la magistrada.
"Pretende que no se le declare reo contumaz y que el delito prescriba, para quedar impune. Esto prescribe a los nueve años, pero el caso viene del 2007", señaló.
Manifestó que la jueza Dávila está tramitando una solicitud para levantar la inmunidad parlamentaria de Espinoza, en ese sentido, instó a que el Congreso acceda al pedido para evitar que el legislador se refugie en este beneficio.
Aclaró que su defendido, Víctor Hugo Carvajal, compró el terreno en disputa el año 2005. Sostuvo que la propiedad figura en Registros Públicos e incluso constan los pagos por impuesto predial en la Municipalidad de Puente Piedra, de la cual Espinoza era alcalde.
Por su parte, el congresista negó tener la intención de que el delito por el que se le acusa prescriba. Dijo que todavía "hay mucho por aclarar".
Indicó que si bien fue citado para la lectura de sentencia, estaba fuera de lugar porque están pendientes un pedido de recusación y un hábeas corpus. "Hasta que no se resuelva, no se puede dar sentencia", anotó.
Reiteró que el terreno en disputa es un espacio público, que corresponde a la Municipalidad de Lima.
Comparte esta noticia