Conoce a los candidatos regionales a la reelección con denuncias

El economista Miguel Santillana dijo que los casos más sensibles son encabezados por aspirantes a los gobiernos regionales de Tumbes, Ica, Pasco, Áncash y Junín.

Una alerta informativa donde se da a conocer a los candidatos regionales en segunda vuelta que presentan los casos y denuncias más sensibles por corrupción, presentó el Instituto del Perú (IDP) de la Universidad San Martín de Porres.

En esta oportunidad el Barómetro Anticorrupción-Segunda Vuelta regional 2014 ubica a los candidatos Ricardo Flores Dioses (Tumbes); Javier Gallegos Barrientos (Ica);  Klever Meléndez Gamarra (Pasco); Waldo Ríos Salcedo (Áncash); y Vladimir Cerrón (Junín) como los casos más “sensibles” por presuntos actos de corrupción, y que deberían ser auscultados por el elector antes de emitir su voto.

La alerta elaborada por el Investigador Principal del IDP, el economista y analista político, Miguel Santillana Santos, tiene como objetivo único brindar al elector una información transparente acerca de los casos y procesos en los que se encuentran incursos algunos candidatos.

“Esta alerta busca que el elector de la costa, sierra y selva; que acuda en unos días a depositar su voto en segunda vuelta regional, cuente con los elementos suficientes en un caso muy delicado como es la corrupción de los candidatos, y emita su voto de una manera informada. El tema es muy delicado considerando que por delitos de corrupción el país pierde 10 mil millones de nuevos soles por año, (cifra dada por la Premier Ana Jara) lo que significa alrededor del 2 % del PBI” enfatizó Santillana.

Los casos más sensibles

Para el IDP, los casos más sensibles y que merecen atención de la opinión pública se encuentran en las regiones de Tumbes, Ica, Pasco, Áncash y Junín.

EN TUMBES

Encabeza la alerta, Ricardo Flores Dioses, candidato por el Movimiento Reconstrucción con Obras Más Obras Para Un Tumbes Bello (Región Tumbes), sobre quien pesan más de 70 denuncias que van desde enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, peculado, malversación de fondos, encubrimiento, entre otros.

Flores Dioses fue alcalde de Tumbes, y en los últimos años ha ido acumulando un sinnúmero de procesos. En 1999 se le aperturan 10 procesos; en el 2004, acumuló otros 18; y en el 2005 fue incluido en 12 procesos. Sin  embargo, un caso muy delicado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se ventila desde julio último, donde se encuentran involucrados presuntos testaferros, entre ellos su  esposa y familiares directos.

Otro detalle, y sobre los que trabaja en estos momentos el Ministerio Público, es la cercanía de Flores Dioses con el hoy prófugo ex presidente de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses; a quién se le vincula con la red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo. Incluso, gente que hoy acompaña a Flores en su potencial equipo de gobierno, laboró en su momento con Viñas en el gobierno regional (GR).

EN ICA

En el caso de Javier Gallegos Barrientos, candidato por el Movimiento Regional Obras por la Modernidad (Región Ica) tiene 39 procesos que son ventilados por el Ministerio Público por casos de enriquecimiento ilícito, compra de terrenos, venta de terrenos en favor de allegados y familiares, sobrevaloración etc. 

Gallegos, de acuerdo a la alerta del IDP también fue denunciado por el mal uso de los recursos del Fondos de Reconstrucción del Sur (FORSUR) cuando se desempeñó como alcalde del distrito de Parcona, provincia de Ica. En aquella oportunidad favoreció a “falsos damnificados”. Recientemente ha sido acusado por favorecer con la exoneración de un pago de más de dos millones de soles a una empresa privada de televisión por cable. Tomó la decisión por sí y ante sí, sin consultar a los regidores. 
    
Además, la plataforma informativa de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM registra a Gallegos en un caso directo de corrupción, bajo la modalidad de peculado en el caso de la Empresa Municipal de Agua Potable de Ica (EMAPICA), y que es ventilado en el Tercer Juzgado de Ica.

EN PASCO

Un tercer caso considerado sensible por el IDP, es el del hoy encarcelado presidente de la Región Pasco, Klever Meléndez Gamarra quién intenta la reelección en esa jurisdicción alto andina por el Movimiento Regional Pasco Verde.

Sobre Klever Meléndez, la CAN consigna dos casos directos. Uno de ellos por los delitos de colusión, cohecho pasivo, cohecho pasivo propio y lavado de activos; que se ventila en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado. Un segundo caso es por el delito de peculado doloso.

En junio de este año, el programa Cuarto Poder de América TV dio cuenta que Meléndez, quién actualmente purga 14 meses de prisión preventiva en Piedras Gordas, exigió coimas a ciertos postores para favorecerlos en la adjudicación de millonarias obras en la región. Su abogado fue filmado recibiendo una coima de S/. 80 mil a su nombre en el distrito de Jesús María mientras Meléndez esperaba en un hotel en Lima. Con esa prueba la Fiscalía pidió al juez prisión preventiva.

El caso del candidato Waldo Ríos Salcedo, del Movimiento Regional Puro Ancash, también es tomado en cuenta en la alerta. Ríos cuenta con una sentencia de cuatro años de prisión suspendida, dictaminada por la Sala Penal especial de la Corte Suprema que lo encontró responsable de los delitos de receptación en agravio del Estado y cohecho pasivo impropio. Es uno de los tristemente célebres tránsfugas de Vladimiro Montesinos en el congreso electo en el 2000.

No deja de llamar la atención que en su hoja de vida, Ríos se presenta como agricultor independiente, declara tener ingresos por tan sólo S/. 950 mensuales y no registra bienes muebles ni deudas. ¿De qué vive? La Corte Suprema ha dictaminado que de salir electo, no podría ejercer el cargo pues aún debe la reparación civil por el caso que fue condenado (más de un millón de soles).

En lo que concierne al candidato a la reelección por la región Junín, Vladimir Cerrón (Movimiento Político Regional Perú Libre), presenta denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, así como una por presunta corrupción presentado por el congresista Federico Pariona Galindo (Fuerza 2011) por el caso de la obra “Creación del Circuito de Manejo y Obras Complementarias para el Proceso de Evaluación de Licencias de Conducir en el Distrito de Río Negro, provincia de Satipo".

A ello se suma una reciente denuncia formulada por el programa “Panorama” que reveló intercambio de correos electrónicos con el prófugo empresario con vínculos palaciegos, Martín Belaúnde Lossio, para favorecer a dos empresas constructoras.

EN AREQUIPA

En el caso de Yamila Osorio Delgado, candidata a la presidencia regional por el Movimiento Arequipa, Tradición y Futuro (Región Arequipa), en el Ministerio Público se registran casos por los supuestos delitos de colusión, negociación incompatible, cohecho pasivo y tráfico de influencias.

En el primer caso -presentado gracias a denuncias de la prensa-, pusieron en evidencia la presunta compra irregular de combustible que la administración regional hizo al grifo Villa Hermosa, de propiedad de familiares de Yamila Osorio. Mientras tanto, el segundo caso se refiere a siete audios, donde se escucharía al asesor de la Srta. Osorio, Freddy Pastor, conversando sobre presuntas negociaciones ilegales.

EN CUSCO
 
Otro tanto ocurre con el candidato Benicio Ríos Ocsa, del Movimiento Acuerdo Popular Unificado – APU (Región Cusco).  El 20 de octubre pasado la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior del Cusco, lo sentenció a cuatro años de pena suspendida de libertad. En este caso, Ríos fue hallado culpable del delito de peculado doloso simple por haber avalado que le suban su salario de S/. 3,500 a S/.6,600 cuando era alcalde de la provincia de Urubamba, en 2007.

La presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE)-Cusco, Xiomara Alfaro Herrera explicó que según el reglamento de elecciones (contenido en la resolución 272-2014) sólo puede ser excluido de la contienda aquel aspirante que tenga pena consentida o ejecutoriada (en última instancia), con la que se suspendan sus derechos políticos. En el caso del candidato de APU la condena fue dictada en primera instancia y ha sido impugnada ante la Corte Suprema de Justicia; es decir, no ha quedado consentida.

También en la Fiscalía Anticorrupción le abrió un proceso por el presunto delito de peculado en agravio del Estado. La irregularidad se habría cometido cuando el actual candidato del APU se desempeñó como alcalde de la provincia de Urubamba, entre el 2011 al 2014. En tanto en la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Cusco se investiga tanto a Ríos como ex Director de Cultura, David Ugarte, entre otros, por el presunto delito contra el patrimonio por la construcción de un hotel en el fundo Sihuayro, en el sector de Urquillos, declarado patrimonio cultural.

Finalmente, la alerta del IDP detalla el caso de Nelson Chui Mejía, candidato por el Movimiento Concertación para el Desarrollo Regional de Lima (Región Lima Provincias). Es investigado por una obra ejecutada en la localidad de Mazo, así como la obra del embarcadero de Cerro Azul, al igual que por la donación de bienes y ropa para los damnificados del sur por el terremoto del 2007.

En el año 2010, el Gobierno Regional de Lima recibió cartas fianzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (COOPEX), manejada por la red de Rodolfo Orellana Rengifo. En ese momento Chui Mejía, se desempeñaba como Presidente del Gobierno Regional Lima.

Debilitan la democracia y las inversiones
Santillana comentó que los candidatos a los GR comprometidos en casos de corrupción expresan que su situación se deriva de problemas en los procesos administrativos y no por corrupción. “En todos los casos esta salida leguleya es utilizada como su defensa y una suerte de estrategia para aminorar sus culpas frente al público elector. Una coincidencia, muy rara”.

Finalmente puntualizó que de proseguir esta ola de corrupción en las administraciones regionales, se debilitará el correcto manejo administrativo, la debida fiscalización y control al interior del país. Esto tendrá como efecto inmediato la paralización de proyectos de inversión pública y privada, afectando a los sectores más pobres. Coincidió con el Presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, quien dijo que “la corrupción es un impuesto que pagan los pobres”, pero Santillana añadió que es como un castigo por votar sin analizar las propuestas que se les presenta y quién la presenta.