El polémico proyecto fue aprobado en segunda votación por el Congreso y ahora la decisión final está en manos del presidente Ollanta Humala, quien podría observar y devolver la norma.
El Proyecto de Ley 2645 que propone fijar las reglas para la aplicación de beneficios penitenciarios a condenados por criminalidad organizada, a los sicarios, a los sentenciados por feminicidio fue aprobado el pasado 10 de octubre en segunda votación por el Congreso y ahora la decisión final está en manos del presidente Ollanta Humala, quien podría observar y devolver la norma.
Pero, ¿De qué se trata la también llamada ‘Ley Antauro’? La Polémica rodea esta iniciativa legal porque también alcanza a los sentenciados por el homicidio de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La suspicacia radica en que se pretendería beneficiar al líder etnocacerista, Antauro Humala, condenado por el asesinato de agentes del orden en el denominado Andahuaylazo ocurrido en enero de 2005.
La congresista de Fuerza Popular Martha Chávez fue la primera en advertir que dicho proyecto beneficiaría al hermano del jefe de Estado, ya que le permitiría pedir el mecanismo de libertad condicional a los 3/4 de la pena, es decir, podría salir en 2018 con 13 años de carcelería y no con los 19 de condena.
No obstante, en segunda votación la fujimorista votó a favor al sostener que “se restablece lo que nunca debió romperse que es la prohibición de la retroactividad maligna”, ya que toda ley penal rige para adelante, no solo en cuanto a lo penal sino también a los beneficios.
En la víspera, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Juan Jiménez, lamentó los cuestionamientos al proyecto de ley que -dijo- atiende la preocupación del 80 por cientos de internos impedidos de acceder a este beneficio.
Consideró "injusto" que se haya buscado "perturbar" la decisión del Congreso, en segunda votación, adjetivando la norma como la "Ley Antauro", cuando lo que ha hecho el Parlamento es precisar el momento de aplicación de este beneficio.
"La ley no es retroactiva, eso está en la Constitución, lo único que se ha hecho es precisar el momento de aplicación de una norma de este tipo para aquellos internos que realmente quieran reinsertarse a la sociedad ", precisó.
Según el dispositivo, se prohíbe la semilibertad y libertad condicional para delitos graves y reduce de siete a cinco los días de trabajo que se pueden cambiar por uno de libertad.
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