Consideran que Congreso debe revisar este año figura de revocatoria

Pasada la revocatoria en Lima, fijada para el 17 de marzo, el Congreso debe abocarse a revisar la aplicación de esta figura por la mala experiencia que ha tenido en el pasado, afirmó el especialista en temas electorales, Percy Medina.

Dijo que ahora el problema es Lima, pero los inconvenientes generados por su aplicación en distritos y provincias más pequeñas ya habían hecho necesario que el legislativo haga una revisión integral.

Según opinó, el problema en el Perú es que la revocatoria es muy abierta, y sería buena idea revisar la experiencia de otros países de la región, donde existen más requisitos.

Por ejemplo, explicó que en Colombia este derecho solo procede para las autoridades que no cumplen con el plan de gobierno que presentaron cuando eran candidatos.

En Bolivia, donde la revocatoria puede alcanzar al mismo Presidente de la República, el porcentaje de firmas es más alto que en Perú.

En tanto que en Venezuela, hay fedatarios del organismo electoral que fiscalizan la recolección de firmas, para evitar irregularidades como las presentadas en Lima.

El titular de Idea Internacional señaló que otro tema a revisar es el porcentaje de firmas.

Recordó que en el 2003, cuando se aprobó la revocatoria, la ley exigió un porcentaje del 25 por ciento del padrón electoral o hasta un máximo de 400 mil firmas.

Pero en el caso de Lima, ese porcentaje no llegaba ni al 20 por ciento del padrón electoral, y diez años más tarde, apenas representa el 10 por ciento, y seguirá bajando en los próximos años.

Señaló que más allá de establecer parámetros políticos, como que la revocación solo debe proceder para casos de corrupción, el Congreso debe abrir un amplio debate y tomar en cuenta las realidades de otros países, para ver si conviene reeditarlas en Perú.

La revocatoria se encuentra en el centro de la polémica en el Perú debido a la consulta que se realizará el 17 de marzo para definir su la alcaldesa de Lima abandona el cargo o permanece en él.

Los promotores de esa medida sostienen que debe aplicarse debido a la ineficiencia mostrada por la alcaldesa Villarán, pero sus detractores advierten intereses políticos detrás de la intención de revocarla.

ANDINA