Contralor respalda la "muerte civil" a sentenciados por corrupción

El titular de la Contraloría General de la República, Fuad Khoury, expresó su respaldo a la medida de aplicar la “muerte civil” a aquellas personas sentenciadas por corrupción que no pagan, o se niegan a pagar, la reparación civil que deben al Estado.

Agregó que, desde el punto de vista macro, todas las medidas que el país en su conjunto adopte para mitigar los efectos de la corrupción, son válidas y buenas.

“Desde ese punto de vista, apoyo la propuesta del Ministerio de Justicia de crear la muerte civil, por parte del Estado peruano, a aquellos corruptos que han sido finalmente sentenciados por estos actos”, declaró.

Los condenados por corrupción adeudan al Estado más de mil millones de soles por concepto de reparación civil, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien dio instrucciones a los procuradores para que se declare la muerte civil de estas personas.

Khoury Zarzar subrayó la importancia que esa medida sea complementada con el establecimiento de un registro con el nombre de las personas que le deben dinero al Estado.

Recordó que las empresas privadas, por ejemplo, poseen un registro de aquellos ciudadanos con deudas impagas, y los convierte en sujetos impedidos de acceder a créditos o préstamos, lo cual puede replicarse con aquellos que son deudores con el Estado.

El contralor Khoury también puso en relieve la aplicación de la pérdida de dominio para aquellos casos de corrupción de funcionarios, tal como lo dispone el decreto legislativo 1104, aprobado recientemente por el Congreso de la República.

Añadió que la pérdida de dominio, que implica la incautación de bienes adquiridos con dinero mal habido, existe para otros delitos, lo cual es una respuesta a la demanda de la población que, en las encuestas, consideran a la corrupción como un mal nacional.

“Desde mi punto de vista, la corrupción es un delito que afecta los derechos humanos, por lo tanto, no existe medida alguna suficiente aún que pueda en este país solucionar este problema. Por eso la pérdida de dominio es fundamental”, comentó.

Argumentó la aplicación de esa sanción al considerar inaceptable que una persona, que robó tres millones de soles en una transacción, y es sentenciado cuatro años de pena privativa de la libertad, no pierde ese dinero apropiado ilícitamente al Estado.

“Eso significa que ser corrupto es una es un negocio rentable en la medida que no haya la pérdida de dominio porque los autos, los yates, las propiedades que hayan sido compradas con este dinero, no solo son bienes comprados con dinero de la corrupción, sino también forman parte del sistema de lavado de dinero del país”, anotó.

Andina