Contraloría: Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional al integrar consejo directivo de clubes departamentales y ser ministra al mismo tiempo

Un reporte de la Contraloría General de la República, dado a conocer hoy, indica que Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apúrímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.

Además, Boluarte no habría consignado en sus declaraciones juradas de intereses que dos familiares suyos, su hermano y su cuñado, fueron contratados por el Estado y recibieron sueldos por más de 50 mil soles. Asimismo, la vicepresidenta, según la Contraloría, no reportó los datos laborales de 8 familiares "dentro del segundo grado de afinidad", tal como señala la ley.

Cargos paralelos

Según el informe realizado entre setiembre de 2021 y enero del presente año, Dina Boluarte fue designada como presidenta del Consejo Directivo de la asociación "Club Departamental Apurímac" para el periodo entre el 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, en una Asamblea General, fue reelegida en ese cargo para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022, cuando ya ocupaba los altos cargos que desempeña en el Gobierno.

No obstante, el 16 de febrero de 2022, su periodo al mando del club fue ampliado hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021. Según el reporte de la Contraloría, "no se advirtió el registro de la renuncia al cargo" por parte de Boluarte.

Similar situación se habría dado con el consejo directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Según el informe, Dina Boluarte, en Asamblea General Ordinaria realizada en mayo de 2019, fue elegida como segunda vicepresidenta del consejo directivo de la institución. Sin embargo, el 8 de mayo de 2021, "la fiscalizada fue elegida como primera vicepresidenta" de dicho consejo para el periodo 2021-2023. Al respecto, el órgano de control tampoco advirtió "el registro de la renuncia al cargo" por parte de Boluarte.

Según señaló la Controlaría, al no haber renunciado a ambos cargos en dichos clubes, la titular de Desarrollo e Inclusión Social habría cometido una infracción a la Constitución, que indica en su artículo 126 que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".

Familiares contratados por el Estado

Asimismo, la Contraloría General de la República señaló en su informe que Dina Boluarte no consignó que dos familiares suyos, su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes, fueron contratados por el Estado recibiendo sueldos que sumarían más de 50 mil soles.

Sobre el primero, Wigberto Boluarte Zegarra, la Contraloría señaló que la vicepresidenta "no consignó su lugar de trabajo" en su declaración jurada de intereses y solo indicó que era "abogado independiente". Sin embargo, el órgano de control encontró que, el 4 de agosto de 2021, fue designado en el cargo de "Asesor I" del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Por este servicio, según indica el portal de Transparencia de la municipalidad, Wigberto Boluarte recibió, el primer mes, un sueldo de S./ 8'370. Sin embargo, en setiembre, le aumentaron la remuneración a S./ 9'300, sueldo que se mantuvo hasta diciembre de 2021. En total, el hermano de la vicepresidenta de la República habría recibido una remuneración de S./ 45'570.

Por otro lado, la Contraloría encontró que Alfredo Pezo Paredes, esposo de René Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta, recibió un pago de S./ 7 360 soles el 25 de enero de 2022, por parte de la "Contraloría-Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", correspondiente a una orden de servicio de setiembre de 2021. El familiar de Dina Boluarte, en segundo grado de afinidad, fue contratado como docente para la Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control.

Dicho familiar, según la Contraloría, declaró bajo juramento "no tener impedimentos ni incompatibilidades para prestar servicios a favor del Estado" bajo la modalidad de locación de servicios de terceros.

Ante esta situación con ambos familiares de Dina Boluarte, el órgano de control concluyó que "no se ha identificado todos los elementos constitutivos" de un presunto conflicto de intereses real; sin embargo, "dicha situación configura un conflicto de intereses potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas"

Además, la Contraloría advirtió que Dina Boluarte no consignó los datos laborales de 8 familiares dentro del segundo grado de afinidad, por lo cual habría infringido la Ley N° 31227 que establece competencias de fiscalización y sanción a la Contraloría General de la República.

Acciones

Finalmente, la Contraloría recomendó al Congreso de la República "realizar las acciones que correspondan" acerca de los "actos de gestión realizados" por Dina Boluarte al integrar el Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras ejercía como ministra de Estado. En ese sentido, precisó que habría una infracción constitucional.

Además, recomendó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que adopte "las acciones que correspondan" referidas a la contratación de los dos familiares de Dina Boluarte "pese a que se encontraban impedidos de contratar con el Estado" .

Descargos

Ante el informe de la Contraloría, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, vía Twitter, señaló que, como todo ciudadano, "tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro" como, según su versión, serían el Club Departamental Apurímac y la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Asimismo, señaló que solicitó licencia en ambas instituciones antes de asumir las funciones públicas que ejerce.

Además, lamentó que "en su ausencia" se levanten "argumentos sin fundamento legal alguno".