Denuncian a Mayorga por conflicto de intereses en el Gaseoducto del Sur

El proyecto del Gaseoducto del Sur comenzó alrededor del 2009 cuando apareció la expectativa de encontrar en el lote 58 (Cusco) una reserva parecida a la del lote 88, lo que pudiera significar que bajo de tierra en plata, a costo de la época, habrían unos 60 mil millones de dólares.

El Estado peruano, en este punto, ofreció su apoyo con el financiamiento y las garantías del caso; sin embargo, aparentemente al conocer lo que costaría el proyecto, cerca de 4000 millones de dólares, anunció que no continuaba en el proyecto y que, en lugar de eso, iba a hacer un etano-ducto.

De esta forma, desapareció el proyecto  de 3 años y todo lo que se había hecho. El Estado dijo que cansado de la ineficiencia y la ineptitud de la empresa privada iba a hacer su propio proyecto, porque no quería esperar tanto.

Dos años más tarde, cuando el gobierno no había logrado iniciar la construcción del ducto prometido y, por el contrario, había perdido tiempo, dinero y credibilidad, ganándose el descontento de la población del sur, terminó por aceptar que no podía hacerse cargo del gasoducto y convocó en tiempo record a una licitación a cargo de Proinversión.

A este concurso millonario, probablemente el más grande que se ha dado en la región, se le atribuyó una serie de presuntas irregularidades.

De 23 postores, 21 se quejaron del corto tiempo para concursar y les fue imposible llegar a la precalificación. Dos postores generaron la competencia, pero uno de ellos cambió la distribución de su participación a último momento, rompiendo una de las bases del concurso, y siendo descalificado una hora antes de la apertura de los sobres.

Finalmente, la buena pro se le dio a Odebrecht y Enagás, solos en el último tramo de la carrera, por 7300 millones de dólares. Casi el doble de la propuesta que asustó al gobierno en un principio y que a pesar de incluir los valores de la operación, no obliga, por ejemplo, a construir un poliducto, que es imprescindible para tener la industria del etano.

A poco de tiempo de la buena pro se denunció que tanto el presidente de la comisión especial de Proinversión creada para la citada licitación, Edgar Ramírez, quien fue convocado al final del proceso sorpresivamente por resolución suprema, como el propio ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga habían anteriormente por separado, desde sus respectivas empresas, asesorado a Odebrecht en asuntos relacionados al Gaseoducto del Sur.

Los correos revelados por el programa "Cuarto Poder" así lo confirmarían, pues son conversaciones tanto de Ramírez con Odebrecht como del citado ministro con la empresa ganadora.

En esas conversaciones de setiembre de 201, Ramírez, que asesora en aquel entonces a Eduardo Rosendo Pinto, jefe de la petroquímica del sur para la empresa brasileña, habla de reuniones con Proinversión, del Ministerio de Energía y Minas y del transporte del gas natural y la distribución para las potenciales concesiones.

Por su parte, Mayorga, en febrero de 2012, en ese momento socio del estudio Laub & Quijandría, también se comunica con Rosendo de Odebrecht. Y hablan de revisar las proyecciones de oferta y demanda.

Para algunos congresistas de la oposición esta situación despierta desconfianza. Al respecto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde consideró que la buena pro al consorcio conformado por Odebrecht y Enagás fue “puro lobbismo”.

Finalmente, Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de contrataciones del Estado (OSCE), opinó que en este caso hay “sospechas del delito de colusión” porque si él (Mayorga) integró un comité especial en donde uno de sus exasesorados resultó favorecido, podríamos pensar que facilitó información privilegiada”.

Cabe agregar que Edgar Ramírez confirmó que fue bajo el pedido expreso de Mayorga que asumió la presidencia del comité de adjudicación del Gaseoducto del Sur.