Sin embargo, cuestionó la propuesta en el tema de pensiones, ya que se advierte la posibilidad de eliminar la Caja Militar Policial y la Cédula Viva.
El congresista Javier Diez Canseco rechazó conceder totalmente facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana.
En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario se mostró a favor que el gobierno legisle sobre aumentos salariales a militares y policías.
Sin embargo, cuestionó la propuesta en el tema de pensiones, ya que se advierte la posibilidad de eliminar la Caja Militar Policial y la Cédula Viva.
“No tenemos acuerdo con entregar facultades sobre los siete temas. Tenemos un acuerdo de ver dos temas. El tema de aumentos va con pensiones, y en pensiones hay un tema bien delicado y es la pretensión de desaparecer la Caja de Pensión Militar Policial, y eliminar la Cédula Viva”, manifestó.
Diez Canseco, excongresista de la bancada Gana Perú, dijo que este tema debe ser discutido en mayor profundidad
Asimismo expresó su preocupación por la propuesta del Ejecutivo para que las fuerzas armadas asuman funciones de orden interno, más allá de los estados de emergencia.
Indicó que en el proyecto del gobierno se busca que los militares presten protección en temas droga, contrabando y camélidos.
“Las Fuerzas Armadas pasarían a tener funciones, ya no de defensa nacional, sino de orden interno y eso distorsiona la finalidad de la institución”, señaló.
De otro lado, lamentó que en el último día del plazo legal, el Ejecutivo devolviera la autógrafa de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad al Congreso de la República para su modificación.
Cuestionó que el gobierno objete que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones, pese a que la Convención de las Naciones Unidas así lo establece.
Asimismo criticó que se impugne que el Conadis pueda poner multas a los municipios que no hayan reglamentado el tema de la accesibilidad, pese a que la ley vigente así lo determina.
Otro punto cuestionable, señaló, es que el gobierno rechaza que las empresas contraten personas con discapacidad, un tema que es parte de la responsabilidad social.
Comparte esta noticia