Directora de penal de Barbadillo denuncia ser víctima de acoso sexual

Katy del Águila, directora del penal de Barbadillo, donde está recluido Alberto Fujimori, denunció ser víctima de acoso sexual en el Poder Judicial, luego de haber retirado el teléfono público de ese recinto carcelario, en Ate, luego de que el exmandatario diera entrevistas a la prensa sin autorización.

Tras este hecho, la defensa legal del condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos interpuso un hábeas corpus en su contra y le exigió reponer el aparato de comunicación.

El proceso, que podría significar la destitución de la directora del mencionado penal y, además, ser denunciada ante el Ministerio Público, recayó en el 38° Juzgado de Lima. Su autoridad y carrera estaban en juego.

Su abogado que pertenece al Inpe es un hombre ocupado en mil cosas, por lo cual ella se acercaba personalmente al Poder Judicial a ver cómo iba su caso. Y la funcionaria era atendida por Jesús Augusto Laura Antón, el secretario del juzgado.

Nada más conocerlo, empezaron los acosos, según una investigación del programa dominical “Cuarto Poder”. Al respecto, Del Águila acusó a Laura Antón de extorsión sexual y económica.

“Me decía que me quería dar masajes, que me quería apachurrar, me decía que quería besarme y que deseaba invitarme a salir", explicó.

DENUNCIA ANTE OCMA

Por esta situación, lo denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que organizó varias operaciones y grabaron conversaciones entre ambos. Una de ellas, el secretario del juzgado admitió que se estaba aprovechando del proceso contra la directora del penal de Barbadillo para acercarse a ella.

“Tengo derecho a hacerte el habla, preguntarte, hablarte, decir, contarte, perdonarte, enamorarte, conquistarte y todo lo demás, ¿eso me condena?”, dijo.

La OCMA ha abierto una investigación preliminar al secretario judicial y ha recomendado que se le suspenda mientras dure el proceso, medida que no ha sido ratificada.

Como se sabe, días atrás el 38° Juzgado de Lima ordenó la reposición del teléfono público que usó Fujimori para dar su entrevista y no dictó ninguna medida contra Del Águila.