Echaíz Ramos sostuvo que el Tribunal Constitucional definió la competencia al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, sostuvo que el espionaje presuntamente ejecutado a favor de Chile por el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Víctor Ariza Mendoza, corresponde ser visto en el fuero civil porque su interés, sostuvo, trasciende lo militar.
"Por lo menos desde nuestro punto de vista sí le corresponde (al fuero civil). Formalizamos la denuncia ante el fuero común porque creemos que hay un interés que trasciende el interés militar que es el de todos. En todo caso, esperemos la decisión del Poder Judicial si es que se llegara a plantear la declinatoria o la contienda de competencia", dijo.
Según explicó, la competencia del caso se definió con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resolvió la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra el Código de Justicia Militar.
Recordó que esa sentencia establece que la justicia militar era competente para conocer las causas donde el bien jurídico tutelar fuera privativo de las Fuerza Armadas o policiales.
"En este caso el bien jurídico tutelado es la seguridad nacional o sea la seguridad de todos y el agraviado es el Estado o sea que no es privativo de las Fuerzas Armadas o Policiales", afirmó en Ideeleradio.
Echaíz Ramos explicó que la sentencia emitida por el TC sobre el Código de Justicia Militar establece que el Ministerio Público es uno solo, y por tanto, no se sabe cómo podría formalizarse denuncia en otro tipo de fuero privativo.
Manifestó que los fiscales son respetuosos de la ley y de las decisiones judiciales, y adelantó que esperarán los resultados de la respuesta que debe dar Antonia Saquicuray, jueza encargada del caso, al pedido de inhibición que le formuló la justicia militar.
"Esta investigación la realizamos nosotros, no porque fuéramos a tocar puertas o buscar, sino que fue llevada a la justicia común, al fiscal común para que confiando de su capacidad y experiencia de trabajo se realizara", comentó.
Aclaró que la inhibición de un juez respecto a un determinado caso se produce por causas físicamente determinadas en la ley y que están vinculadas a las relaciones personales con los procesados o un supuesto interés en el juicio que podría afecta la transparencia.
En la víspera el presidente del Tribunal Constitucional Militar Policial, Carlos Mesa, insistió en pedir que Saquicuray, titular del 58 Juzgado Penal de Lima, se inhiba y traspase el proceso del espía Víctor Ariza a su fuero.
De otro lado, Echaíz se pronunció en torno al caso del ex ministro de Vivienda, Francis Allison, quien intentó sacar 30 mil dólares de Estados Unidos sin reportar este movimiento a las autoridades norteamericanas.
Adelantó que analizarán si existe algún tipo de tipo de relación entre dicho suceso y la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por sus vínculos con la empresa Business Track, denunciada por tender una red de espionaje telefónico.
"Voy a esperar los resultados de lo que ocurra para tomar una decisión del particular. Debemos tener en cuenta en qué momento se produjo esto, si cuando era alcalde, si esas cuentas son posteriores al tiempo de ministro, todo eso para determinar competencias y el tipo de investigación a realizar", acotó. Andina
"Por lo menos desde nuestro punto de vista sí le corresponde (al fuero civil). Formalizamos la denuncia ante el fuero común porque creemos que hay un interés que trasciende el interés militar que es el de todos. En todo caso, esperemos la decisión del Poder Judicial si es que se llegara a plantear la declinatoria o la contienda de competencia", dijo.
Según explicó, la competencia del caso se definió con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resolvió la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra el Código de Justicia Militar.
Recordó que esa sentencia establece que la justicia militar era competente para conocer las causas donde el bien jurídico tutelar fuera privativo de las Fuerza Armadas o policiales.
"En este caso el bien jurídico tutelado es la seguridad nacional o sea la seguridad de todos y el agraviado es el Estado o sea que no es privativo de las Fuerzas Armadas o Policiales", afirmó en Ideeleradio.
Echaíz Ramos explicó que la sentencia emitida por el TC sobre el Código de Justicia Militar establece que el Ministerio Público es uno solo, y por tanto, no se sabe cómo podría formalizarse denuncia en otro tipo de fuero privativo.
Manifestó que los fiscales son respetuosos de la ley y de las decisiones judiciales, y adelantó que esperarán los resultados de la respuesta que debe dar Antonia Saquicuray, jueza encargada del caso, al pedido de inhibición que le formuló la justicia militar.
"Esta investigación la realizamos nosotros, no porque fuéramos a tocar puertas o buscar, sino que fue llevada a la justicia común, al fiscal común para que confiando de su capacidad y experiencia de trabajo se realizara", comentó.
Aclaró que la inhibición de un juez respecto a un determinado caso se produce por causas físicamente determinadas en la ley y que están vinculadas a las relaciones personales con los procesados o un supuesto interés en el juicio que podría afecta la transparencia.
En la víspera el presidente del Tribunal Constitucional Militar Policial, Carlos Mesa, insistió en pedir que Saquicuray, titular del 58 Juzgado Penal de Lima, se inhiba y traspase el proceso del espía Víctor Ariza a su fuero.
De otro lado, Echaíz se pronunció en torno al caso del ex ministro de Vivienda, Francis Allison, quien intentó sacar 30 mil dólares de Estados Unidos sin reportar este movimiento a las autoridades norteamericanas.
Adelantó que analizarán si existe algún tipo de tipo de relación entre dicho suceso y la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por sus vínculos con la empresa Business Track, denunciada por tender una red de espionaje telefónico.
"Voy a esperar los resultados de lo que ocurra para tomar una decisión del particular. Debemos tener en cuenta en qué momento se produjo esto, si cuando era alcalde, si esas cuentas son posteriores al tiempo de ministro, todo eso para determinar competencias y el tipo de investigación a realizar", acotó. Andina
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