Sostuvo que si la autoridad aceptó la información de Malpartida fue porque aportó al descubrimiento de nuevos hechos, por lo tanto ´sería un asunto concluido´.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, reveló que ha solicitado información para comprobar si la parlamentaria andina Elsa Malpartida se acogió o no a la Ley de Arrepentimiento, destinado a terroristas.
Según la versión de la prensa, Malpartida Jara se acogió a dicha norma, dada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), por haber integrado las filas del grupo subversivo Sendero Luminoso en el Alto Huallaga.
No obstante, la parlamentaria señala que se amparó solo a un artículo de la ley relativo al campesino que fue obligado a apoyar a Sendero, pero que nunca fue procesada judicialmente por terrorismo.
Ambas informaciones serán evaluadas por la Fiscal de la Nación, quien manifestó que ya solicitó la documentación pertinente.
Para acogerse a esa ley, la persona vinculada a grupos terroristas debía dar información relevante que permita la captura de sus mandos.
Al respecto, Echaiz sostuvo que si Malpartida se acogió a esa figura legal en la década "90 y si las autoridades la aceptaron fue porque dio información importante, por lo tanto "sería un asunto concluido".
"Si se acogió a esa figura y se la admitieron quiere decir que la información que dio fue válida y aportó al descubrimiento de nuevos hechos, por lo tanto sería un asunto concluido", afirmó la máxima representante del Ministerio Público.
Asimismo, refirió que si la parlamentaria andina se acogió a uno de los mecanismos de colaboración que tiene el Estado peruano dentro de su política criminal, para la Fiscalía "el asunto está concluido".
La fiscal consideró que si Malpartida no lo hizo público es una "cuestión de orden moral o ético que tiene que ver o analizar responder en su grupos sociales".
Según la versión de la prensa, Malpartida Jara se acogió a dicha norma, dada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), por haber integrado las filas del grupo subversivo Sendero Luminoso en el Alto Huallaga.
No obstante, la parlamentaria señala que se amparó solo a un artículo de la ley relativo al campesino que fue obligado a apoyar a Sendero, pero que nunca fue procesada judicialmente por terrorismo.
Ambas informaciones serán evaluadas por la Fiscal de la Nación, quien manifestó que ya solicitó la documentación pertinente.
Para acogerse a esa ley, la persona vinculada a grupos terroristas debía dar información relevante que permita la captura de sus mandos.
Al respecto, Echaiz sostuvo que si Malpartida se acogió a esa figura legal en la década "90 y si las autoridades la aceptaron fue porque dio información importante, por lo tanto "sería un asunto concluido".
"Si se acogió a esa figura y se la admitieron quiere decir que la información que dio fue válida y aportó al descubrimiento de nuevos hechos, por lo tanto sería un asunto concluido", afirmó la máxima representante del Ministerio Público.
Asimismo, refirió que si la parlamentaria andina se acogió a uno de los mecanismos de colaboración que tiene el Estado peruano dentro de su política criminal, para la Fiscalía "el asunto está concluido".
La fiscal consideró que si Malpartida no lo hizo público es una "cuestión de orden moral o ético que tiene que ver o analizar responder en su grupos sociales".
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