"No esperará tres años para pedir, en un nuevo contexto electoral, que lo indulten, ha vuelto para dirigir su partido en función de su libertad", indicó la CNDDHH.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que el interés de Alberto Fujimori de brindar declaraciones públicas no autorizadas, demostraría que ha decidido "tomar las riendas de su partido" desde donde está recluido, para obtener su libertad.
"No esperará tres años para pedir, en un nuevo contexto electoral, que lo indulten, ha vuelto para dirigir su partido en función de su libertad, desconociendo incluso que el partido, con Keiko a la cabeza, había decidido manejar ese tema por el camino de la legalidad", refirió el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora, Miguel Jugo.
Explicó que en esta nueva estrategia, es sustancial el cambio de su abogado con quien optó por la vía ilegal y por recurrir a "todo tipo maniobras" para victimizarse.
Parte de esas acciones, según Jugo, son las entrevistas no autorizadas que brindó a dos medios de comunicación, una de ellas con el apoyo de sus congresistas; el respaldo a la parlamentaria Martha Chávez y sus opiniones por la indebida seguridad a Óscar López Meneses, exoperador de Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori.
"No le interesa ni que su hija Keiko Fujimori, baje en las encuestas (según Ipsos Apoyo su popularidad bajo 9 por ciento en este último mes), aseveró. El sondeo revela que la desaprobación a Keiko se ubica en 60%, debido aparentemente al protagonismo de su padre en las últimas semanas, de acuerdo al analista Alfredo Torres.
Sus actuaciones públicas, en opinión de Jugo, desmienten que su estado de salud sea crítico y que solo quería su libertad para recuperarse, razones planteadas en su pedido de indulto.
Sobre la nueva entrevista telefónica no autorizada dada por Fujimori desde su celda en el penal Barbadillo, en la Diroes, Jugo consideró que deben recibir una sanción
Ello porque la reincidencia en este tipo de inconductas demuestran un abierto desconocimiento a la autoridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la condena impuesta por el Poder Judicial de 25 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad y corrupción.
"Tiene que recibir una sanción proporcional a su falta, se le debe impedir el acceso libre al teléfono e incluso revisar su cambio de régimen penitenciario, como sucede con otros internos", apuntó.
ANDINA
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