Gobierno crea Procuraduría para que terroristas paguen reparaciones

El Gobierno peruano creó una procuraduría pública que estará a cargo del cobro de las reparaciones civiles impuestas a los condenados por terrorismo, que a la fecha ascienden a más de 1.300 millones de dólares, según un decreto supremo publicado en la gaceta de normas legales.

El procurador público especializado en el cobro de las reparaciones civiles impuestas a los condenados por terrorismo y corrupción será designado en un plazo de diez días, y dependerá del Ministerio de Justicia, precisa la norma.

En entrevista con el diario Perú.21, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, explicó que esta procuraduría no perseguirá delitos sino el pago, pues "los condenados por terrorismo le deben al Perú la astronómica suma de 3.783 millones de soles" (unos 1.300 millones de dólares).

Asimismo, el ministro anunció que también solicitarán al Poder Judicial la detención de los subversivos excarcelados que no hayan cumplido con el pago, además del embargo de sus bienes.

La iniciativa legal busca dar respaldo al Estado en el cobro de las reparaciones una vez que los terroristas condenados son excarcelados, y contrarrestar el efecto buscado por muchos de ellos cuando acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una indemnización económica por presuntos abusos en sus respectivos procesos judiciales.

A la fecha, el Estado peruano ha pagado 22 millones de dólares por reparaciones ordenadas por la Corte de San José en presuntos abusos judiciales o policiales, pero adeuda más de 8 millones de dólares, según cifras publicadas por Perú.21.

Uno de estos casos es el de la estadounidense Lori Berenson, sentenciada por sus vínculos con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que obtuvo en 2006 una indemnización de 30.000 dólares del Estado peruano, a raíz de un fallo de la Corte Interamericana que también ordenó la condonación de la reparación impuesta por la justicia.

"Los terroristas beneficiados (con fallos similares) ocuparán el último lugar, (pues) vamos a priorizar el pago a sus víctimas", anunció el ministro de Justicia, en referencia a los 20 millones de soles (unos 7 millones de dólares) que el Gobierno de Alan García destinará el próximo año para el pago de reparaciones individuales.

"Por temas de presupuesto, el Gobierno no pagará ninguna reparación a los condenados por este delito, al menos mientras dure esta gestión. Ya decidirán los futuros Gobiernos si los incluyen en sus presupuestos", dijo García Toma al matutino limeño.

El ministro añadió que otra medida aprobada por el Ejecutivo será pedirle a la Corte Interamericana, a través de la procuradora de Derechos Humanos, Delia Muñoz, que les explique los criterios tomados en cuenta al momento de emitir una sentencia donde fijan compensaciones económicas para los terroristas, con el objeto de pedir un cambio en esa jurisprudencia.

-EFE