Javier Velásquez Quesquén dijo que el Gobierno tomará todas las previsiones necesarias para impedir que la solución a este problema pueda traducirse en hechos de violencia.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, rechazó cualquier injerencia política en la controversia que sostienen los grupos Wong y Bustamante por la dirección de la empresa azucarera Andahuasi.
Asimismo, lamentó que el grupo Wong no asistiera a la reunión convocada hoy en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para hallar una solución consensuada entre ambas partes sobre el control de la empresa.
No obstante, señaló que "el Gobierno tomará todas las previsiones necesarias" para impedir que la solución a este problema pueda traducirse en hechos de violencia.
Asimismo, advirtió que cualquier cosa que suceda en las próximas horas será de absoluta responsabilidad de quienes tenían el deber de buscar fórmulas de solución pacífica.
El grupo Wong tiene una resolución judicial a favor que ordena el desalojo de la actual directiva de la azucarera Andahuasi presidida por el grupo Bustamante.
La controversia corre el riesgo de generar un conflicto social debido a que los trabajadores de esta empresa se encuentran polarizados entre ambas partes.
Sin embargo. el grupo Bustamante tiene los derechos de la conducción de la azucarera, tal como lo reconoce la partida registral de Registros Públicos que entregó hoy el director ejecutivo de Andahuasi, David Jiménez.
"Cualquier derecho que se invoque tiene un límite de no poner en peligro la vida y la integridad física de nuestra policía nacional y ciudadanos que de buena fe trabajan o viven en la localidad", indicó.
Refirió que este conflicto de carácter privado debe resolverse a través de los organismos jurisdiccionales correspondientes, y manifestó que las decisiones que adopte el órgano jurisdiccional se tienen que respetar.
Velásquez exhortó al presidente del Poder Judicial a instruir a los jueces a tomar todas las medidas que contribuyan a mantener la paz social y evitar actos de violencia.
Indicó que en el gobierno hay la mayor disposición para un diálogo fructífero de buena fe que apunte a resolver los problemas en una sociedad democrática.
"Nosotros hemos dicho y coordinado con el ministro del Interior, que si hay una disposición judicial, el juez y el fiscal tienen que acompañar la diligencia" puntualizó.
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