José Luis Pérez Guadalupe afirmó que la reorganización del INPE es una tarea difícil que no se podrá concluir en 180 días. ´Debe ser una política de Estado de dos o tres gobiernos´, añadió.
El nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, afirmó que la reorganización del sistema carcelario es una tarea a largo que debe convertirse en una política de Estado y sostuvo que para empezar la difícil tarea, su administración necesita "tiempo y presupuesto".
"No es solo tapar huecos o gestionar crisis sino hacer un nuevo sistema penitenciario y eso no se va a reorganizar el INPE en seis meses. Se va a comenzar los lineamientos generales, pero es un trabajo a mediano y largo plazo, que no va a tomar los cinco años de gobierno sino que debe ser una política de Estado de dos o tres gobiernos", expresó en RPP Noticias.
Dijo que entre las primeras medidas que ha adoptado tras su designación, está la creación de una coordinación de transparencia y anticorrupción. Asimismo, indicó que está evaluando la calificación y permanencia de los directores regionales y jefes de gerencia del INPE.
En relación al personal del INPE señaló que su institución tiene que acudir a la gente con que ya cuenta, debido a que su presupuesto es "muy limitado" y no les permite captar a personas del sector público y menos del sector privado.
Reconoció que esto es una dificultad en la tarea de reorganizar el ente carcelario, ya que "si uno revisa, la gran mayoría de ellos ya ha tenido funciones y ha tenido acusaciones, investigaciones y procesos, pero tenemos que trabajar con ellos y hay que ver cuáles están más calificados".
Pérez Guadalupe, además, precisó que para tratar la sobrepoblación en las cárceles se deben construir nuevos penales. En tal sentido, dijo que uno tipo Piedras Gordas implica una inversión estimada de 100 millones de soles, a lo que se debe sumar un presupuesto no solo para el mantenimiento de la infraestructura sino para el personal calificado.
Afirmó que a corto plazo serán construidas 1.500 plazas y el próximo año 4.000 más, al mencionar que actualmente hay un déficit de 22 mil plazas penitenciarias.
Agregó, además, que “sería un lujo no gastar” en la seguridad de los penales, porque según estadísticas, en dos años salen la mitad de los internos, en promedio 24 mil. “La rotación es altísima”, apuntó.
Aclaró, en otro momento, que no se puede hablar de privatización de los penales, porque "no se puede ceder la administración" de las cárceles, aunque manifestó que sí se puede hablar de concesiones o de tercerización de servicios, como ya se hace en cuanto a la alimentación de los reclusos.
"No puede existir privatización porque los privados entran donde es rentable y tal como estamos ninguno entrará. Lo que podrán hacer es concesiones de penales", opinó.
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