Fiscal militar policialpidió 35 años de prisión para Ariza Mendoza, así como el pago de un millón de soles de reparación civil al Estado.
La Justicia Militar Policial iniciará el próximo lunes 16 de agosto el juicio oral al técnico de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza por vender a Chile información clasificada y secreta, relacionada a la seguridad nacional, informó RPP.
Por una cuestión de seguridad, este juicio se llevará a cabo desde las ocho de la mañana en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, hasta donde Ariza Mendoza sería trasladado desde la Base Punta Lobos en Pucusana, donde se encuentra recluido.
La zona judicial de la Fuerza Aérea del Perú dispuso que las sesiones de este juicio sean reservadas, por tratarse de un caso que involucra a la seguridad nacional.
El fiscal militar policial, Cornelio Apaza Veliz, pidió 35 años de prisión para Ariza Mendoza, así como el pago de un millón de soles de reparación civil al Estado al acusarlo por el delito de traición a la Patria, en tiempo de paz.
Junto con Ariza Mendoza, también, serán juzgados el técnico de la FAP Justo Ríos Aguilar y un grupo de oficiales y suboficiales de esta institución castrense para quienes el fiscal militar solicitó penas de 5 y 10 años de prisión.
Por una cuestión de seguridad, este juicio se llevará a cabo desde las ocho de la mañana en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, hasta donde Ariza Mendoza sería trasladado desde la Base Punta Lobos en Pucusana, donde se encuentra recluido.
La zona judicial de la Fuerza Aérea del Perú dispuso que las sesiones de este juicio sean reservadas, por tratarse de un caso que involucra a la seguridad nacional.
El fiscal militar policial, Cornelio Apaza Veliz, pidió 35 años de prisión para Ariza Mendoza, así como el pago de un millón de soles de reparación civil al Estado al acusarlo por el delito de traición a la Patria, en tiempo de paz.
Junto con Ariza Mendoza, también, serán juzgados el técnico de la FAP Justo Ríos Aguilar y un grupo de oficiales y suboficiales de esta institución castrense para quienes el fiscal militar solicitó penas de 5 y 10 años de prisión.
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