Tras lo ocurrido a Romina Cornejo (3), baleada en un asalto, nuevamente se debate la pena de muerte en casos como este. Abogado penalista Luis Lamas Puccio opina al respecto.
A raíz de la trágica situación que afronta la pequeña Romina Cornejo, baleada por delincuentes armados durante un asalto, nuevamente se debate la pena de muerte en casos como este.
En opinión del abogado penalista Luis Lamas Puccio, esta medida en la práctica "no es viable".
En tal sentido, coincidió con lo dicho por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien explicó que tanto la Constitución como la Convención Interamericana de Derechos Humanos proscriben la eventual aplicación de la pena capital.
Lamas Puccio explicó en RPP que de querer llevar adelante la reinstauración de la pena de muerte, ello tomaría entre 5 a 6 años.
"Habría que promulgar una ley y los delitos que se cometieran a partir de esa fecha podrían ser objeto de pena de muerte", señaló.
Sostuvo que esta propuesta es "teórica" y que a su parecer, muchasa veces es tomada con fines políticos.
Como se recuerda, en la víspera la congresista fujimorista Keiko Fujimori afirmó que su bancada impulsará la aplicación de la pena de muerte para casos tan "graves e irreparables" como el de Romina Cornejo (3), quien quedó cuadripléjica tras un asalto que ha conmocionado a la opinión pública.
"Llegó el momento de que se evalúe de manera seria y objetiva la pena de muerte para casos tan graves e irreparables como el caso de Romina", sostuvo en declaraciones a RPP.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor, indicó que legalmente es imposible establecer la pena de muerte, porque el Perú es adherente a convenios internacionales que impiden aplicar esa sanción.
"Perú es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos jurídicos que le impiden avanzar en este tema. Legalmente no es posible establecer la pena, tendríamos que renunciar a varios compromisos internacionales", sentenció.
El abogado consideró que el problema de fondo es: disminuir el crecimiento de la criminalidad en el Perú.
"La pena de muerte es un problema simbólico. Tiene que haber una política de Estado" para repotenciar a la Policía Nacional.
Advirtió además que hay otro problema grave: el mercado negro de armas.
En opinión del abogado penalista Luis Lamas Puccio, esta medida en la práctica "no es viable".
En tal sentido, coincidió con lo dicho por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien explicó que tanto la Constitución como la Convención Interamericana de Derechos Humanos proscriben la eventual aplicación de la pena capital.
Lamas Puccio explicó en RPP que de querer llevar adelante la reinstauración de la pena de muerte, ello tomaría entre 5 a 6 años.
"Habría que promulgar una ley y los delitos que se cometieran a partir de esa fecha podrían ser objeto de pena de muerte", señaló.
Sostuvo que esta propuesta es "teórica" y que a su parecer, muchasa veces es tomada con fines políticos.
Como se recuerda, en la víspera la congresista fujimorista Keiko Fujimori afirmó que su bancada impulsará la aplicación de la pena de muerte para casos tan "graves e irreparables" como el de Romina Cornejo (3), quien quedó cuadripléjica tras un asalto que ha conmocionado a la opinión pública.
"Llegó el momento de que se evalúe de manera seria y objetiva la pena de muerte para casos tan graves e irreparables como el caso de Romina", sostuvo en declaraciones a RPP.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor, indicó que legalmente es imposible establecer la pena de muerte, porque el Perú es adherente a convenios internacionales que impiden aplicar esa sanción.
"Perú es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos jurídicos que le impiden avanzar en este tema. Legalmente no es posible establecer la pena, tendríamos que renunciar a varios compromisos internacionales", sentenció.
El abogado consideró que el problema de fondo es: disminuir el crecimiento de la criminalidad en el Perú.
"La pena de muerte es un problema simbólico. Tiene que haber una política de Estado" para repotenciar a la Policía Nacional.
Advirtió además que hay otro problema grave: el mercado negro de armas.
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