El Superintendente Nacional de Migraciones precisó que el caso de la activista venezolana aún está en la vía administrativa y que no ha sido durante su gestión que se inició el proceso de expulsión. Precisó que se verá el tema siguiendo el debido proceso.
Jorge Fernández Campos, Superintendente Nacional de Migraciones, en diálogo con RPP, declaró acerca del caso de la ciudadana y activista venezolana, Paulina Facchín, quien, esta semana, fue notificada por Migraciones de una resolución de expulsión del Perú.
“Lo primero que debemos destacar, de acuerdo a las propias declaraciones de la ciudadana Facchín, [es que] este proceso lo inicia en el año 2018, no lo inicia durante la presente gestión. Es ese proceso en el año 2018, primero, que deniega la nacionalidad y que ordena que le inicien un proceso administrativo que ha derivado en la expulsión”, explicó.
En ese sentido, señaló que dicho proceso de expulsión inició el año 2020 y fue archivado, en primera instancia, por vencimiento de plazo. Sin embargo, precisó que se reinició en agosto de 2021.
“Yo estoy desde marzo de este año en el cargo y no soy quien ve el caso en primera instancia. La señora Facchín tiene todos los recursos legales para interponer [el] recurso administrativo que ella considere conveniente. Y nuestra entidad revisará el caso con las garantías del debido procedimiento”, sostuvo.
Asimismo, señaló que la expulsión “todavía está en plazo de apelación”, por lo que aún no se ha agotado la instancia administrativa. Además, precisó que la institución que hace efectivas las expulsiones es la Policía Nacional del Perú (PNP), no Migraciones.
“Nosotros no ejecutamos la sanción sino la División de Extranjería de la PNP. Evidentemente, para que la sanción pueda ser ejecutada, las resoluciones tienen que estar consentidas y, en el caso de Facchín, todavía está dentro del plazo de impugnación”, recalcó.
Marcha blanca
Por otro lado, Fernández señaló que, desde este lunes, Migraciones atenderá a los miles de ciudadanos en Lima y provincias que no han podido acceder a sus pasaportes por los problemas que se registraron en esta entidad.
“De acuerdo al reporte de Contraloría de febrero de este año, tenemos un retraso de 77 mil pasaportes. En ese sentido, estamos priorizando a aquellas personas que han pagado con mayor anterioridad y no se la ha otorgado el documento que requieren”, explicó.
En esa línea, señaló que, a partir de la próxima semana, se atenderá a quienes pagaron por este procedimiento el 2018; y, la siguiente, se atenderá a los que pagaron el 2019.
“Empezamos esta semana con el 2018, la siguiente ampliamos al 2019. Mi recomendación es que ingresen a la página web de Migraciones, [y] programen su visita. En el caso de Lima, tienen citas programadas de lunes a viernes durante todo el día, y sábado hasta el mediodía […] Estamos dando 8 mil citas para que se puedan registrar”, subrayó.
Ante ello, solicitó que los ciudadanos que tengan pendiente el procedimiento desde el 2018 se acerquen a Migraciones para “calcular cuál es la necesidad real de ventanillas y locales para atenderlos”. Asimismo, precisó que los demás servicios que brinda su institución seguirán dándose con normalidad.
“A partir del lunes, las atenciones de 48 horas previas al viaje […] se realizarán, en el caso de Lima, en los módulos de atención al ciudadano que se encuentran en los diversos centros comerciales de la ciudad. Igualmente, la expedición de pasaportes para viajes dentro de las 24 horas en el aeropuerto Jorge Chávez, y en la sede central de Migraciones en Breña”, explicó.
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