Minam: Alcaldes no pueden pedir licencia para protestar contra Tía María

Los burgomaestres, como ocurre con otras autoridades del ámbito nacional, no pueden pedir licencia a sus municipios para salir a protestar contra el proyecto Tía María, en Islay, Arequipa, porque existe una prohibición al respecto, indicó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Fue al comentar la participación del alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, en las rondas de diálogo promovidas por el Gobierno, luego de las cuales se negó a firmar el acta respectiva y optó por sumarse a las manifestaciones en contra de este proyecto cuprífero.

“No sé si llegó a pedir licencia o no para salir a protestar, cosa que está prohibida. Yo no puedo, por más oposición que tenga, dejar el puesto de ministro y pedir licencia al presidente Humala para movilizarme porque quiero protestar sobre tal o cual tema”, resaltó el titular del Ambiente.

En ese sentido, explicó que las autoridades elegidas democráticamente tienen un mandato legal en el ejercicio de su función, además de responsabilidades bajo las leyes electorales.

Según refirió, en Arequipa existen dirigentes antimineros dedicados a desinformar y mentir a la población respecto a las presuntas afectaciones derivadas de este proyecto, pese a que la información válida es la que se desprende de los respectivos estudios de impacto ambiental.

Pulgar-Vidal señaló que la entidad encargada de aprobar estos estudios es el Ministerio de Energía y Minas, y que los sectores Agricultura, Cultura y del Ambiente solo intervienen cuando hay vinculación con áreas protegidas, restos arqueológicos o cuerpos de agua, respectivamente.

Consideró, además, que se incurre en un error conceptual cuando se plantea que los estudios de impacto ambiental sean contratados por terceros ajenos a la propia empresa impulsora de un proyecto.

Al respecto, explicó que “si uno construye su casa, uno llama a su arquitecto para que haga los planos de acuerdo con lo que uno desea”.

“En la fase de estudios aún no se ha movido una piedra, es previa. Ese estudio va a la autoridad, que tiene que ser dura, severa y meticulosa en la revisión. Si no califica, el estudio es devuelto”, aseveró el funcionario.

Asimismo, hizo hincapié en que la labor de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no solo pasa por velar por el cumplimiento de las leyes sobre la materia, sino también establece en qué circunstancias se aplica una multa y los montos respectivos.

Incluso, apuntó que hay casos en los que se instaura la obligación de rehabilitar áreas dañadas, aplicar medidas correctivas y, de ser el caso, cerrar instalaciones.

“Esto muestra la capacidad que tiene el Estado para supervisar, monitorear, fiscalizar e imponer sanciones en caso de infracciones; pero a la vez también se pueden plantear incentivos”, comentó el ministro.

Aseveró que los impactos de cualquier actividad humana, como en el caso de la minería, siempre van a existir; pero afirmó que el rol de la gestión ambiental es justamente hacer que esos daños se eviten, minimicen o compensen.

Andina

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