Penalistas Mario Amoretti y Julio Rodríguez explicaron la figura de un funcionario y servidor público, ya que Martínez era gerente de Servicios Sociales del municipio chalaco.
El exfutbolista Roberto Martínez podría ser condenado hasta 11 años de prisión de comprobarse que integró una asociación ilícita para interceptar las comunicaciones de personajes políticos y autoridades ediles, como es el caso del presidente regional del Callao, Félix Moreno.
Así lo manifestaron a RPP Noticias, los abogados penalistas Mario Amoretti y Julio Rodríguez, quienes explicaron la figura de un funcionario y servidor público, ya que Martínez era gerente de Servicios Sociales de la Municipalidad Provincial del Callao.
Amoretti precisó que el Código Penal sanciona la violación a la intimidad con penas desde 3 a 6 años si es funcionario público, la cual aumenta por integrar una red para delinquir.
No obstante, señaló, el exdeportista podría alegar que no es funcionario, sino servidor público, con lo cual la pena disminuye, ya que hay un vacío en el Código Penal al respecto.
Esta interpretación de la normativa fue refutada por el jurista Julio Rodríguez, quien asegura que un funcionario y un servidor público tienen la misma categoría.
“Es evidente que estamos ante una interceptación telefónica en concurso con el delito de asociación ilícita para delinquir, por lo tanto al pena llega hasta los 11 años”, anotó.
Advirtió que se trata de un hecho bastante grave si se tiene en cuenta que se habría montado un sistema para interceptar los teléfonos a un grupo de personas, algo que no se puede hacer en forma aislada.
Explicó que para demostrar el cohecho no es necesario que el delito tenga un resultado, basta con que se compruebe que hubo un ofrecimiento y la aceptación.
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