"No se investigó antes toda una estructura de corruptelas en la Sunarp que afecta a todo el país", señaló la congresista Esther Saavedra.
El levantamiento del secreto bancario de 40 exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) será solicitado por el grupo de trabajo parlamentario que investiga irregularidades en esta institución, anunció su presidenta Esther Saavedra.
La legisladora de Gana Perú explicó que en las sesiones descentralizadas de la comisión investigadora se determinó que existen indicios sobre malos manejos del organismo público con algunas notarías del país.
“Aparentemente no se investigó antes toda una estructura de corruptelas en la Sunarp que afecta a todo el país. (…) Nuestro trabajo aún no termina y continuaremos las sesiones descentralizadas en Ica, Arequipa, Iquitos, entre otras ciudades”, indicó.
Según dijo, el plazo para culminar las investigaciones vence el próximo 6 de agosto, pero adelantó que el grupo de trabajo podría solicitar la ampliación de plazo porque continúan llegando denuncias al grupo de trabajo.
Por ejemplo, mencionó que en el reciente encuentro celebrado en Piura, recibieron denuncias sobre seudos dirigentes de construcción civil que, con carné de comuneros y títulos falsos, se apropian de terrenos que luego venden a las inmobiliarias.
“Todo ello, con aparente anuencia de la Sunarp y algunas notarías. Eso ya debe acabar porque aparece la expedición irregular de cheques y algunos pagos totalmente irregulares que no pueden ser justificados”, declaró.
Aunque no mencionó fechas, dijo que el levantamiento del secreto bancario será solicitado a la Superintendencia Nacional de Banca y Seguro, y así aclarar, por ejemplo, las cuentas de algunos exfuncionarios.
La parlamentaria nacionalista sostuvo que otras irregularidades se presentan por la duplicidad de títulos de propiedad, el tráfico de tierras públicas y privadas, indicios de una mafia a nivel de notarías, malos manejos en la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entre otros.
Saavedra precisó que las audiencias descentralizadas son de carácter público para recoger denuncias de la población, pero aclaró que las sesiones del subgrupo formado dentro de la Comisión de Fiscalización, se efectúan de manera reservada.
“Ello para evitar la filtración de información e impedir que las personas involucradas sean alertadas de nuestras investigaciones”, explicó.
ANDINA
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