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Pedro Castillo: ¿qué sigue tras la aprobación del informe que recomienda acusarlo por presunta traición a la patria?

Mandatario es acusado de infringir los artículos 35,54,110 y 118 de la Constitución.
Mandatario es acusado de infringir los artículos 35,54,110 y 118 de la Constitución. | Fuente: Presidencia

El informe final que aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue elaborado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular) y sustentado por el legislador Diego Bazán (Avanza País).

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este viernes el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria.

El informe, elaborado por Wilson Soto (Acción Popular) y sustentado por Diego Bazán (Avanza País), propone así inhabilitar a Castillo Terrones del ejercicio de la función pública por cinco años por supuestamente infringir los artículos 35,54,110 y 118 de la Constitución.

Asimismo, sugiere acusar por antejuicio político al exmaestro chotano, en su condición de máxima autoridad del Estado peruano, como presunto autor del delito de traición a la patria.

Así será el proceso tras la aprobación del informe final

En entrevista con RPP Noticias, el abogado constitucionalista Heber Campos detalló cuáles serán los pasos a seguir tras la aprobación del informe por parte de la subcomisión que preside Lady Camones, expresidenta del Congreso.

El especialista explicó que, según establece el artículo 89 del Reglamento del Parlamento, corresponde que la Comisión Permanente se pronuncie y, posteriormente, ratifique la decisión de la SAC.

De ser aprobado el documento, la comisión nombrará a una subcomisión acusadora conformada por uno o más integrantes de la SAC para que sustente la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

“Lo que corresponde ahora es que la Comisión Permanente se pronuncie. La Comisión Permanente tiene la competencia de rectificar el criterio de la SAC o confirmarlo, si es que ocurriera esto último, se tendrá que designar una suerte de grupo que va a sustentar la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso”, indicó Campos.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, una vez que se apruebe la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo deberá decidir fecha y hora, así como las reglas que se aplicarán para el debate de la acusación constitucional.

Votación del Pleno

Luego de la presentación del informe final y la sustentación de la acusación constitucional por parte de la subcomisión acusadora, el Pleno del Congreso vota para definir “si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación”.

Heber Campos indicó que la sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político, requiere el voto de 2/3 del número de miembros del Congreso. Quedan excluidos de esta votación los integrantes de la Comisión Permanente.

“Para aprobar el juicio político, es decir la inhabilitación, se requiere una votación de dos tercios del número legal sin contar a la Permanente; equivale a 66 congresistas en una curul de cien”, precisó.

Para este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata, por lo que Castillo Terrones sería relevado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Posteriormente, el expediente con la acusación constitucional sería enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda conforme a sus atribuciones.


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