El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, dispuso derivar al Congreso los actuados en la investigación preliminar seguida a Omar Chehade Moya para que sean vistos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al tener derecho a antejuicio.

Peláez fundamentó su decisión en base al artículo 99º de la Constitución Política del Estado, que precisa que el antejuicio político es un privilegio jurídico de naturaleza formal que impide que los altos funcionarios del Estado sean procesados penalmente sin haber sido previamente despojados de la prerrogativa funcional por el Congreso de la República.

Precisó que dado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se encuentra avocada a la investigación del presente caso, le corresponde a la Fiscalía remitir los actuados  al Congreso para que sean agregados a la referida investigación parlamentaria.

Esto de conformidad con lo establecido en el Art. 100 de la Constitución Política del Estado.
 
Los hechos materia de la presente investigación derivan de la reunión que habría sostenido el vicepresidente y congresista Omar Chehade Moya, con su hermano Miguel Chehade Moya y los generales PNP Guillermo Arteta Izarnótegui, entonces jefe de la Dirección Territorial de Lima Norte; Raúl Salazar Salazar, entonces jefe de la Dirección Territorial de Lima Sur; Abel Gamarra Malpartida, entonces jefe regional de la Policía en Tumbes; y Miguel José María León Barandiarant Hart.

En dicho encuentro se habría tratado el tema del apoyo policial para un operativo de desalojo de  los trabajadores que ocupaban las instalaciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. en el distrito de Sayán, provincia de Huaura.
 
El Fiscal de la Nación mediante resolución del 17 de octubre de 2011, dispuso de la realización de diligencias preliminares de investigación, en cuyo transcurso recibió en su despacho las declaraciones de 14 personas y recibió información documental, copia de audios y videos  relacionados al caso.
 
El 5 de diciembre del presente se presentó un informe preliminar ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República.

Por tanto, señaló Peláez Bardales, encontrándose en curso un procedimiento de acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el organismo competente para establecer la presunta comisión de hechos de contenido delictivo por parte de altos funcionarios considerados en el Art. 99º de la Constitución, considera que carece de objeto que su despacho continúe las diligencias preliminares de investigación a cargo del Ministerio Público.

Sostuvo que esta decisión de remitir los actuados de la presente investigación al Congreso de la República no significa en modo alguno que el Ministerio Público abdique de su atribución constitucional de defensor de la legalidad, sino que se sustenta en el respeto irrestricto a la Constitución. 

ANDINA