Piden al PJ multar al congresista Lay por incumplir sentencia judicial

La defensa legal del extinto parlamentario Javier Diez Canseco, pidió este domingo al Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional aplicar una sanción pecuniaria al presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Humberto Lay, por incumplir una sentencia del Poder Judicial que ordena anular la suspensión al líder socialista.

Javier Mujica, abogado del fenecido legislador, precisó que continuarán con la demanda judicial a pesar de la muerte de Diez Canseco, porque “esa fue la voluntad del parlamentario” frente a una sanción que considera injusta.
 
Indicó que, por ello, se presentó al Poder Judicial un recurso para que se apliquen los “apremios legales” a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución que ordena anular la sanción impuesta al parlamentario antes de su fallecimiento.
 
“Ya venció el plazo de cinco días hábiles que dio el Poder Judicial para que la Comisión de Ética emita un nuevo informe, ahora corresponde que se apliquen las sanciones que establecen las normas, en este caso serán multas acumulativas”, explicó.
 
Mujica dijo que el juez tiene la potestad de establecer el monto de la multa y, en caso de incumplimiento, puede haber una segunda y hasta una tercera sanción pecuniaria, tiempo después se podría iniciar un proceso constitucional contra el funcionario renuente a cumplir el mandato judicial.
 
En este caso –indicó- el proceso constitucional que podría terminar en una destitución, sería en contra del presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Humberto Lay, porque este grupo de trabajo debe emitir un nuevo informe en el caso Diez Canseco.
 
“Esperemos que eso no ocurra, que se acate la sentencia y que se emita un nuevo informe”, refirió.
 
Aseguró que con la sanción del Congreso no solo hubo una afectación a los derechos de Diez Canseco sino también al derecho de sus electores que han estado privados de su presentación durante los 90 días de la sanción declarada nula por el Poder Judicial.

Diez Canseco fue sancionado por el Pleno del Congreso en virtud a un informe de la Comisión de Ética que le atribuyó haber incurrido en un supuesto conflicto de interés al presentar un proyecto de ley sobre el cambio del valor de acciones.
 
Su defensa asegura que el proceso sancionado vulneró el derecho al debido proceso del parlamentario y que no hubo conflicto de interés porque el proyecto de ley no fue aprobado.

ANDINA