San Martín rechazó que la iniciativa legal que crea con rango de ley la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción busque restarle atribuciones a la Contraloría, sino reforzarla el trabajo en la lucha contra la corrupción.
El presidente del Poder Judicial, César San Martín, descartó hoy que la iniciativa legal que crea con rango de ley la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) busque restarle atribuciones a la Contraloría General de la República.
Explicó que otorgarle rango de ley a dicho grupo de trabajo, que ya existe como instancia interinstitucional, permite consolidar mejor las funciones que viene desempeñando, vinculadas a la formulación de grandes líneas de política para el combate del fenómeno de la corrupción.
Dijo que ello no se contrapone, sino complementa y contextualiza mejor las labores de control que las diversas instituciones que configuran la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción deben asumir.
“Se seguirán elaborando planes de acción que cuiden mucho cómo se debe manejar la cosa pública con los mejores niveles de coordinación que otorga una ley, buscando así una mayor sensibilización de la sociedad para que así ésta adopte firmes conductas contra la corrupción", anotó.
San Martín recordó que la CAN fue creada por el gobierno anterior a través de un decreto supremo, lo cual ha limitado la proyección de su trabajo.
Por ello, aclaró, cumplió con el encargo de sus miembros de presentar un proyecto que fue aprobado por unanimidad para que le otorgue rango de ley.
“El Poder Judicial solo fue el vehículo para la presentación de dicha iniciativa, la cual previamente recibió el respaldo unánime de los miembros de la CAN”, afirmó.
Las funciones que la CAN viene ejerciendo, y que buscan reforzarse con el presente proyecto son: proponer políticas de mediano y largo plazo para la lucha contra la corrupción y asegurar el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, entre otros.
La CAN está conformada por los presidentes del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura; el Fiscal de la Nación y el contralor General de la República.
Asimismo, por el titular del Consejo de Ministros; el ministro de Justicia; los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE); la alcaldesa de Lima, el secretario técnico del Acuerdo Nacional; el Presidente de CONFIEP; la Directora Ejecutiva del PROÉTICA,
La Defensoría del Pueblo seguirá participando de la CAN en calidad de observadora, con voz pero sin voto.
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