Como se sabe, el funcionario público es acusado de recibir una supuesta indemnización por un despido arbitrario durante el gobierno aprista en el 2007.
El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Álvaro Vidal, rechazó este jueves la versión de un supuesto cobro indebido de una indemnización por haber sido despedido arbitrariamente de su puesto en un hospital de esa institución, durante el gobierno aprista, en el 2007.
Manifestó que esa versión es errónea y que nada debilitará su decisión de combatir la corrupción y el mal manejo de la gestión en EsSalud durante el régimen pasado.
Vidal precisó que tras ser ministro de Salud en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, entre junio de 2003 y febrero de 2004, retornó a sus labores hospitalarias en EsSalud, de la que fue despedido arbitrariamente en mayo de 2007, luego de más de 34 años de servicios en esa institución.
Explicó que su despido se produjo “por no alinearme con la gestión aprista de EsSalud, cuyos nefastos resultados estamos viendo en la actualidad”.
En relación a la versión de un supuesto cobro indebido, argumentó que la referencia hecha a que el despido arbitrario de un cargo de confianza no genera indemnización, demuestra un “desconocimiento absoluto de la legislación laboral”.
Diferenció su caso de lo ocurrido con el exministro del Interior aprista, Fernando Barrios, quien en 2010 realizó “un cobro indebido disfrazado de indemnización”, cuando dejó la presidencia de EsSalud para asumir al día siguiente el cargo ministerial.
“En mi caso fue un despido arbitrario real ejecutado por la administración aprista (…) fui cesado arbitrariamente en mis labores por cuestionar la gestión aprista y me fui dignamente a mi casa”, enfatizó.
En el caso de Barrios, añadió, “el autodespedido fue nombrado ministro del Interior, cargo que pasó a ocupar al día siguiente”, manifestó.
Agregó que desde la fecha de su despido arbitrario, hace cinco años, y tras varias diversas acciones de control interno, el proceso no ha sido observado por ninguna instancia.
En opinión del funcionario, se trata de confundir a la opinión pública y con ello frenar la moralización y lucha contra la corrupción que realiza el Gobierno.
ANDINA
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