Procurador adjunto Cristhian Salas dijo que el exministro aprista traspasó sus bienes a su esposa con el fin de eludir el eventual pago de una reparación civil.
La Procuraduría Anticorrupción pedirá la nulidad de las “irregulares” transferencias de bienes hechas por el exministro aprista Aurelio Pastor a su esposa, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, informó el procurador adjunto Cristhian Salas.
Reiteró que este lunes a primera hora pedirán a su vez el requerimiento de prisión preventiva contra Pastor por una "maniobra obstruccionista” con la justicia.
"Se le abre investigación por presunto delito de tráfico de influencias en noviembre y en diciembre elabora un documento transfiriendo a su esposa todo el patrimonio que le correspondía de la sociedad de gananciales", expresó en RPP Noticias.
Salas precisó que el excongresista solo se ha quedado con un bien que tiene cuatro hipotecas y que solo le será transferido una vez que se saneen las deudas.
"Se quedó sin ningún patrimonio que pudiera asegurarnos el pago de una futura reparación civil a imponerse en una sentencia condenatoria", sostuvo.
El funcionario indicó que ahora que se ha iniciado el proceso judicial en este caso, la Procuraduría ingresará como actor civil pidiendo una reparación civil de 200 mil soles y solicitará embargos sobre los bienes que hayan.
"Vamos a pedir la nulidad de las transferencias que ha hecho. A raíz de esa transferencia irregular vamos a solicitar este lunes a primera hora un requerimiento de prisión preventiva al fiscal", subrayó.
Por su parte, el abogado Julio Rodríguez, defensa legal de Aurelio Pastor, afirmó que la Procuraduría Anticorrupción está haciendo un "circo mediático".
Señaló que es obvio que hay una "manipulación mediática y política" que no se ciñe a las instrucciones dadas por el fiscal, que ha pedido reserva.
En cuanto a la cuestionada transferencia de bienes hecha por Pastor a su esposa, aclaró que en el presunto delito de tráfico de influencias se abarca una "mera actividad", es decir, que "no hay un solo centavo en juego del erario público".
Añadió que por esta razón, las eventuales reparaciones civiles por este delito son bastante bajas.
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