por Redacción RPP
·La relación diplomática entre Santiago y Washington atraviesa un momento de alta fricción tras la decisión de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios chilenos. El foco del conflicto es la evaluación de un cable submarino de fibra óptica con China, un episodio que evoca las recientes tensiones vividas en Perú por el Megapuerto de Chancay.
Chile y Estados Unidos enfrentan un momento de tensión, luego de que el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump revocara las visas de tres funcionarios del Ejecutivo chileno, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, como sanción por un proyecto de conexión intercontinental con China.
El Gobierno de Gabriel Boric ha manifestado su firme rechazo ante lo que considera una medida arbitraria por parte del gobierno estadounidense, mientras que Washington argumenta que las acciones de los funcionarios chilenos sancionados habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional.
La discordía se origina en el proyecto 'Chile China Express', un cableado submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante fibra óptica.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, enfatizó desde el Palacio de La Moneda que la iniciativa aún se encuentra en una etapa de evaluación y que Chile cuenta con una institucionalidad robusta para proteger su seguridad nacional.
“Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones geopolíticas globales”, aseguró Alberto van Klaveren.
Judd fue categórico al señalar que, si bien Chile es un país soberano, las decisiones que tome respecto a su infraestructura crítica tienen repercusiones internacionales.
Las advertencias de Washington y la seguridad de los datos
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha defendido la postura de su país señalando que la falta de respuesta de Santiago ante advertencias previas sobre incursiones de "agentes malignos extranjeros" en sistemas locales genera preocupación en Washington.
Según informan medios chilenos, el diplomático sostuvo que estas incursiones habrían afectado a empresas privadas y puesto en riesgo la privacidad de la información personal de los ciudadanos del vecino país del sur.
Judd fue categórico al señalar que, si bien Chile es un país soberano, las decisiones que tome respecto a su infraestructura crítica tienen repercusiones internacionales.
Además, vinculó la cooperación en seguridad con la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, sugiriendo que para participar en dichos programas se debe actuar como un socio confiable que cumpla con las reglas de protección de comunicaciones.
“Chile, mientras hablamos, tiene el derecho soberano de tomar decisiones por sí mismo. Lo que no pueden elegir son las repercusiones de esas decisiones; ciertamente, las decisiones que se tomen van a tener consecuencias”, sostuvo Brandon Judd.
El rol del ministro de Transportes y la presión directa
El ministro Juan Carlos Muñoz reveló detalles de un encuentro previo con el embajador Judd, calificando la conversación como "tensa".
Según declaraciones recogidas por el diario La Tercera, el secretario de Estado confirmó que el representante estadounidense le advirtió de manera directa sobre las posibles sanciones personales si el proyecto con China seguía adelante, un hecho que Muñoz consideró inaudito y atentatorio contra la soberanía del país.
Actualmente, el proyecto se mantiene en suspenso a la espera de un informe de seguridad que el Ministerio de Defensa solicitó al Estado Mayor Conjunto.
Este análisis será clave para determinar si la infraestructura representa un riesgo real, aunque la decisión final podría quedar en manos de la futura administración de José Antonio Kast, quien asume el mando el próximo 11 de marzo.
El antecedente del Megapuerto de Chancay
La situación en Chile no es un hecho aislado en la región. Meses atrás, Perú se convirtió en el epicentro de un roce similar entre las dos potencias a raíz del Megapuerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping.
El conflicto en Perú se desató tras un fallo judicial que limitó la capacidad de supervisión del organismo regulador Ositran, sobre la infraestructura privada de uso público.
En aquel entonces, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. utilizó un tono muy parecido al actual, advirtiendo que el control chino sobre infraestructura crítica ponía en riesgo la soberanía peruana.
“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, indicó la referida oficina estadounidense en un comunicado publicado en redes sociales.
En una entrevista en Las cosas como son de RPP, el internacionalista Farid Kahhat criticó dicha postura, señalando que la seguridad y el uso de los puertos es un asunto de competencia exclusiva del Estado peruano, y que Washington no posee autoridad moral para juzgar la soberanía ajena.
“Si está o no comprometida la soberanía es un asunto interno del Perú, no le compete a Estados Unidos juzgarla”, remarcó Kahhat en la entrevista.
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