Remiten al Congreso proyecto que fortalece fiscalización ambiental

El Proyecto de Ley que fortalece la fiscalización ambiental, a través del  Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), fue remitido al Congreso de la República para su análisis y posterior debate, informó hoy el Ministerio del Ambiente.

El oficio enviado al presidente del Congreso, Víctor Isla, solicita disponer su trámite con carácter de urgente.

La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada en Consejo de Ministros y propone un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental que no sólo tendrá como objetivo sancionar, sino que ofrecerá oportunidades para subsanar omisiones.

El proyecto de Ley  01815/2012-PE, modifica artículos de la Ley Nro. 29325 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental Sinefa y la Ley Nro. 28611 (Ley General del Ambiente). Responde a los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental aprobados por el Consejo de Ministros y que fueran propuestos por la Comisión Multisectorial, formada por Decreto Supremo Nº 189-2012-PCM, cuyo informe fue aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del pasado 10 de octubre.

Según el Ministerio del Ambiente, este proyecto busca el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y tiene como finalidad garantizar la mejora de la salud de las personas y la calidad ambiental.

Asimismo, propone una importante modificación respecto al acceso a la información, estableciendo la obligación de las entidades de fiscalización ambiental de poner al alcance del ciudadano la información técnica y objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreo, herramienta útil en prevención de conflictos ambientales.

La propuesta legislativa establece a su vez reglas claras y precisas para el ejercicio de la fiscalización ambiental en actividades, cuyos titulares no cuenten con los permisos y autorizaciones requeridos por la normativa vigente, es decir, los informales e ilegales.

Ademas, el proyecto incluye mecanismos de reducción de multas por pago voluntario, las que serían aplicables únicamente en caso de infracciones leves, a través de la aplicación de papeletas ambientales.

También se incluyen modificaciones para incentivar a los operadores y administradores responsables, pues se les otorga la posibilidad de subsanar faltas en el plazo que establezca la autoridad, salvo en aquellos casos que representen daño o riesgo ambiental.

De otro lado, incorpora un elemento disuasivo a los operadores irresponsables al elevar el tope máximo de multas de 10,000 UIT a 30,000 UIT.

De acuerdo al proyecto de ley, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  velará porque las entidades de fiscalización en todos los niveles de gobierno cumplan con sus competencias de fiscalización ambiental otorgadas por ley; de lo contrario, podrían someterse a la supervisión de la Contraloría General de la República.

Otros cambios  propuestos están relacionados con las disposiciones que permitirán mejorar  la cobranza coactiva de multas, a cargo del OEFA, así como la organización del Tribunal de Fiscalización Ambiental, el fortalecimiento de su función normativa y  la tipificación de infracciones.

Andina