TC afirma que Ejecutivo avasalló poderes del Congreso con decreto 001

Carlos Mesía, presidente del TC, dijo que el DU 001-2011, dado en el gobierno anterior, debió ser sometido ante el Congreso y cuestionó que los proyectos priorizados no son de ´inmediatez´.

Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional (TC), se mostró a favor de facilitar la inversión privada. No obstante, cuestionó que el Decreto de Urgencia 001-2011, dado en el gobierno anterior, no haya sido sometido al Congreso y que incluya “proyectos que no son de inmediatez”.

"Existe una tendencia en el país a sobredimensionar inconstitucionalmente la potestad legislativa del Poder Ejecutivo avasallando el principio de la división de poderes que le corresponde al Parlamento", expresó en los estudios de RPP Noticias.

Sostuvo que lo que correspondía es que el Congreso convalidara el mencionado decreto, pero no lo hizo, lo cual provocó que un grupo de legisladores interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante supuestas irregularidades.

"El Tribunal no está atacando la inversión, pero defiende el principio básico del respeto al Poder Legislativo, ya que el decreto de urgencia debió ser sometido al Congreso", remarcó.

Mesía precisó que los decretos de urgencia son dados ante "situaciones imprevistas”, pero que a su juicio la mayoría de los proyectos priorizados no son de "inmediatez" y que su realización tomará algunos años.

Mencionó, por ejemplo, el terminal norte multipropósito del Callao, el sistema el Tren Eléctrico, la consesión para un establecimiento penitenciario en la región Lima, el proyecto Isla San Lorenzo o el Frontón.

"Son proyectos que probablemente no se realicen y se harán el próximo año. No hay una situación de urgencia, que es uno de los requisitos constitucionales", sostuvo.

Insistió en que el TC no se opone a la inversión privada, pero argumentó que "se deben respetar las formas".

 "Que no se aligeren algunos requisitos que podrían después generar problemas al gobierno anterior", lo dijo al advertir que de ser declarado inconstitucional el decreto, Proinversión no va a tener la capacidad de aprobar proyectos sin estudios de impacto ambiental y el trámite sería más largo, aunque aclaró que ello ya no compete al campo jurídico.

De otro lado, comentó que ya fue resuelto el conflicto de competencias entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la adminsitración de los recursos para la franja electoral.  

Indicó que el TC resolvió que a la ONPE le corresponde regular todos los aspectos de la implementación de la franja electoral, porque es un órgano administrativo que tiene a su cargo conducir los comicios en el país.

En tanto, el JNE ha sido concebido como un órgano para impartir justicia electoral. Sin embargo, señaló que ha sido una decisión salomónica porque este ente podrá supervisar la distribución de dichos recursos.