La denuncia constitucional se formula ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una vez que el pleno del Congreso apruebe las conclusiones del informe final.
El expresidente de la Megacomisión Sergio Tejada indicó este miércoles que en una semana presentará las denuncias constitucionales contra los exfuncionarios del gobierno pasado con indicios de responsabilidad en la interferencia política en las investigaciones por el caso BTR y los colegios emblemáticos.
Precisó que la denuncia constitucional se formula ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una vez que el pleno del Congreso apruebe las conclusiones del informe final de las comisiones investigadoras, hecho que sucedió la semana pasada.
"Una vez que se aprueba el informe, se formula la denuncia, eso tomará una semana más. Como la comisión no está en funciones, lo presentaré a mi nombre para que se levante el fuero a quienes corresponde", afirmó en Ideeleradio.
El informe de la Megacomisión respecto a los colegios emblemáticos, recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente Alan García por promulgar los decretos de urgencia para la remodelación de colegios emblemáticos, y al exministro José Antonio Chang.
Por la presunta interferencia en las investigaciones del chuponeo telefónico realizado por la empresa Bussines Track, (BRT), se recomienda formular denuncia constitucional a los exministros Jorge del Castillo, Miguel Hildago y Hernán Garrido Lecca.
Tejada dijo que las investigaciones de la Megacomisión permitieron encontrar evidencias de una actuación articulada de todas estas personas para evitar que se comprometa en el caso BRT a funcionarios del entonces gobierno aprista y para sustraer a los testigos de las investigaciones.
Recordó que dos testigos de este caso, que habían expresado su disposición de ser colaboradores eficaces, fueron contratados en la delegación diplomática del Perú en Estados Unidos, sin reunir el perfil para ello y con un sueldo superior al que percibían funcionarios del mismo nivel.
Indicó también que la presidencia del Congreso ya debió enviar al Ministerio Público los informes finales aprobados para que se proceda a investigar a las personas que no tienen derecho de antejuicio parlamentario.
ANDINA
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