El congresista Carlos Bruce fue el autor de la iniciativa. Propone que la entidad sea un organismo público descentralizado.
El congresista de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, ha presentado un proyecto de ley que busca devolverle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la autonomía y convertirla en un organismo público descentralizado.
La iniciativa plantea que la administración de esta unidad no dependa, como hasta ahora, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sino que analice, evalúe y transmita información sobre operaciones bancarias sospechosas de forma independiente.
La UIF se encarga de recibir reportes de operaciones sospechosas que llegan desde bancos, notarías e inmobiliarias. Fue creada en el año 2003 y se le atribuyó autonomía y presupuesto que asignaba el Ministerio de Economía. Sin embargo, hace 9 años mediante la Ley 29038, se le incorporó a la SBS como unidad especializada. Perdió entonces la capacidad de autogestión.
Bruce comentó que, de aprobarse esta medida, las operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros serán más fáciles de detectar.
Detalles del proyecto. Según el documento presentado por los oficialistas, se propone que quien maneje y dirija la entidad sea un Superintendente, funcionario con mayor nivel en la jerarquía que rinda cuenta de las acciones al primer ministro y a la Comisión de Economía del Congreso.
Sería elegido por Fernando Zavala (en este período) y ratificado por el Legislativo por cinco años con opción a ser reelegido. Bruce asegura que esta medida es fundamental para combatir el movimiento de dinero ilícito.
El Ejecutivo pidió en septiembre pasado, dentro del paquete de facultades legislativas, que la UIF comparta información con los organismos electorales, JNE y ONPE, sin embargo, el Congreso negó este requerimiento.
También negó que jueces ad hoc (especializados en la materia) puedan solicitar el levantamiento del secreto bancario. La unidad será fortalecida tras la aprobación de las facultades por 90 días, pero sin tomar en cuenta estos dos puntos que tienen que ver con la autonomía que la bancada de PPK quiere devolverle mediante este proyecto de Ley.
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